El pleno del Senado aprobó una reforma para garantizar que personas que hablen lenguas indígenas, tengan derecho a un intérprete cuando enfrenten un juicio.
Con el aval, se adicionó un artículo, el 20 bis, a la Ley Federal de Defensoría Pública, y fue remitida al Ejecutivo Federal, pues antes había sido avalada por la Cámara de Diputados.
En la sesión se emitieron 96 votos a favor de la reforma.
La reforma señala que el Instituto Federal de Defensoría Pública deberá trabajar de manera coordinada con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y la cultura a la que las personas pertenezcan.
Además celebrará convenios con estas instituciones, y promoverá la formación de defensores públicos y de asesores jurídicos bilingües indígenas.