Diputados mexicanos aprobaron cambios a la Ley General de Víctimas y al Código Federal de Procedimientos Penales que buscan llenar los vacíos legales que tenía la norma, promulgada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que dificultaban su aplicación.
Con 448 votos a favor y tres abstenciones, el pleno de la Cámara baja dio luz verde a una serie de modificaciones, entre ellas la incorporación de una definición amplia de víctima en la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.
La norma obliga ahora al Estado, a través de los tres órdenes de Gobierno, a garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, "lo que hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley", explicó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ricardo Pacheco.
También plantea que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
Además, establece los mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estipula que los fondos para apoyo y reparación del daño deben ser contemplados en el presupuesto federal aprobado por el Parlamento, así como en los Congresos de los estados del país.
