En penumbras. El pleno de sesiones de la Cámara de Diputados registró una falla de energía eléctrica, que terminó por dejar a media luz el desarrollo de la sesión, la cual continuó.
En la Cámara de Diputados, Coahuila sirvió como ejemplo de los excesos en que incurren gobiernos estatales y municipales al contratar créditos, pues esta entidad ocupa el primer lugar del país en deuda pública per cápita.
En Coahuila cada uno de los ciudadanos carga con una deuda de 13,100 pesos, destacó en tribuna el legislador Ricardo Mejía Berdeja, del Movimento Ciudadano, en la sesión del período extraordinario en que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para regualar el endeudamiento de estados y municipios.
Con 421 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, los legisladores aprobaron ayer el dictamen que pasará al Senado para su eventual ratificación, con los cambios constitucionales a los artículos 25, 73, 74, 79, 108, 116 y 117.
Queda pendiente la ley reglamentaria de la reforma, que deberá aparecer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma, ya aprobada por el Senado.
Los diputados acordaron que en la legislación reglamentaria quede asentada la obligación de estados y municipios a contratar créditos mediante licitación pública para asegurar las mejores condiciones de mercado. También, la responsabilidad del Ejecutivo federal para establecer un programa anual de garantías, aunque el Congreso de la Unión tendrá las facultades para decidir las bases sobre las cuales pueda otorgar éstas.
Para los estados muy endeudados, la Cámara de Diputados podrá conocer la estrategia del Gobierno federal para obtener garantías y opinar respecto al plan de ajuste para fortalecer las finanzas públicas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá a su cargo la fiscalización de la deuda y de las garantías que otorgue el Gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos que hayan realizado los gobiernos locales.
Con esta reforma, los servidores públicos de estados y municipios asumirán la responsabilidad sobre el manejo indebido de los recursos y la deuda pública, y ésta deberá asentarse en las constituciones locales.
Resuelta la diferencia respecto de las facultades que corresponde a la Cámara de Diputados y el Senado en el tema de deuda, el dictamen les otorga autoridad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan contratar deuda, los límites de éstas y las modalidades en que se podrán cubrir los créditos.
El Congreso además podrá expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal.
A pesar de la oposición que expresaron en su momento, los diputados aprobaron que las entidades y municipios puedan contraer préstamos para refinanciar o reestructurar sus créditos, y no sólo a inversiones públicas productivas, como establece actualmente la Constitución.
También podrán contratar deuda de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso. Sin embargo, no podrán usar recursos de deuda para gasto corriente y tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus préstamos y obligaciones de pago en un registro público que incluirá el deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago.
Cuando los créditos estatales o municipales se contraten a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
Más allá de consideraciones políticas, todos los diputados que subieron a tribuna apoyaron los nuevos mecanismos para contratar y fiscalizar la deuda subnacional y aseguraron que contribuirá a alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas.
Avalan Código Penal Único
La Cámara de Diputados aprobó incluir en las facultades del Congreso legislar un Código Procesal Penal Único, que fortalezca las bases del debido proceso y que esa armonización de disposiciones facilite materializar el nuevo sistema de justicia penal, que incluye juicios orales.
Por 453 votos, el pleno de los diputados aprobó la minuta que recibió del Senado, tras lo cual el presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), la remitió a los congresos de los estados para su eventual ratificación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno (PRD), reportó al pleno sobre un dictamen que aceptó la reforma propuesta por el Senado, a fin de establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones.
Al poder las cámaras de Diputados y Senadores legislar un Código Penal Procesal Único "se evitará que en el país existan distintas maneras de procurar y administrar la justicia penal, y para el cumplimiento de penas", dijo el legislador Moreno.
