Medida. Ahora se podrá disponer del dinero que se decomise a grupos criminales o que provengan de otros actos ilícitos como secuestros o robo de autos.
Los diputados locales aprobaron la Ley de Extinción de Dominio en Coahuila en donde se autoriza el aseguramiento de bienes y dinero adquiridos a través de actos ilícitos como trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, robo de vehículos y facilitación delictiva.
La iniciativa de ley fue enviada al Congreso Local por el gobernador, Rubén Moreira en diciembre de 2012 como parte del paquete de iniciativas que propuso para el combate a la delincuencia organizada.
"Lo que queremos es que no se creen patrimonios con recursos procedentes de dinero ilegal", comentó el gobernador, Rubén Moreira, el pasado mes de diciembre. Seis meses después los legisladores decidieron aprobar por unanimidad la ley.
La Ley de Extinción de Dominio establece la pérdida de bienes sujetos a un hecho ilícito.
La aprobación de esta ley responde "al deterioro de la seguridad de los ciudadanos y la presencia de la impunidad y la corrupción", indica el documento entregado por el Gobierno Estatal.
El objetivo es "impedir el incremento de la economía de la delincuencia a través de el aseguramiento de sus bienes".
El aseguramiento sólo aplicará para los bienes e inmuebles que se encuentren ubicados en Coahuila. Los bienes se utilizarán a favor del estado.
Asimismo, indica que la muerte de los probables responsables no anula que sus bienes queden en posesión de las autoridades.
Será el Ministerio Publico (MP) quien se encargue del ejercicio de la acción. Una vez que sea interpuesta la denuncia en el MP se consignará al juez quien tendrá un plazo de 90 días para determinar si procede o no.
En caso de aseguramiento de dinero éste podrá ser administrado por la Secretaría de Finanzas y tendrá la facultad de abrir una cuenta especial que genere rendimientos.
El Estado podrá quedarse con los bienes o realizar los pagos correspondientes a las víctimas. El resto se repartirá en la aplicación de programas sociales, educación, y seguridad.
La ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
