Arturo Núñez no encontró dinero en las arcas de Tabasco cuando asumió el gobierno el 31 de diciembre pasado, pero sí obligaciones financieras de pago inmediato. Halló también documentos que señalaban que la deuda pública estatal pasó de 400 millones a 10 mil millones de pesos en el sexenio de su predecesor, el químico Andrés Granier.
No es Núñez el único gobernante que está encontrando este tipo de sorpresas al asumir el poder. Varios presidentes municipales que tomaron posesión el 1º de enero en el estado de México, entre ellos el de Naucalpan, enfrentan problemas similares. El exgobernador de Chiapas Juan Sabines dejó a su sucesor, Manuel Velasco, una deuda estimada en 40 mil millones de pesos, pero sin liquidez para pagar sueldos. Humberto Moreira de Coahuila legó una deuda de 36 mil millones de pesos que, tras un interinato, heredó su propio hermano Rubén Moreira. Los nuevos presidentes municipales de Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos, llegaron a sus oficinas para encontrarse con ciudades quebradas.
La deuda de estados y municipios ha venido subiendo de manera acelerada en los últimos años a pesar de las crecientes transferencias a esos gobiernos. Las aportaciones presupuestarias para estados y municipios pasaron de 458 mil a 499 mil millones de pesos (de 2013) entre 2008 y 2013, según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, y de 370 mil a 387 mil millones de pesos (de 2009) entre 2004 y 2008 de conformidad con el Presupuesto de 2009. A esto hay que añadir las transferencias por excedentes petroleros y los ingresos que estados y municipios recaudan directamente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad señala en su Índice de competitividad estatal 2012 que la proporción de gasto público ejercido por los gobiernos estatales pasó de 23 a 39 por ciento entre 1990 y 2010. "En este mismo período las transferencias federales hacia las entidades crecieron a una tasa anual de 8 por ciento, mientras que el gasto ejercido por el gobierno federal creció a una tasa anual de 5 por ciento."
Los gobernadores y presidentes municipales no tienen incentivos para construir gobiernos honestos y eficientes que piensen en el futuro de los gobernados. Ante la imposibilidad de reelegirse, lo que más les conviene es realizar la mayor cantidad posible de obra pública y repartir tanto dinero como esté disponible o pueda contratarse en crédito para dejar el lío financiero a su sucesor. Humberto Moreira abiertamente utilizó el dinero del estado de Coahuila para financiar sus aspiraciones políticas nacionales. Lo peor de todo es que cuando la crisis estalla los políticos en el Congreso rescatan a sus correligionarios con dinero público, como han hecho ahora.
El que sólo nos enteremos de estos manejos irresponsables al terminar cada gobierno nos revela que no hay instrumentos eficaces para dar seguimiento al gasto mientras éste se ejerce. No hay transparencia que permita a los ciudadanos conocer el ejercicio de recursos o el endeudamiento público. Ni los congresos, ni los cabildos, ni las auditorías o contralorías cumplen con su función de supervisar al ejecutivo.
Muchos políticos hablan de la necesidad de tener una reforma fiscal que dé más recursos a los gobiernos. Cuidado. De nada serviría a la sociedad entregar más dinero a gobernadores y presidentes municipales con las reglas que tenemos. Esto simplemente incrementaría el despilfarro o el saqueo.
FALSO COMO LA PLUMA
Dicen que el paquete financiero para poner fin al precipicio fiscal es tan falso como la pluma con la que firmó el presidente Obama. El paquete sólo ha pospuesto dos meses el abismo. La "autopluma" es una máquina que el presidente Obama ha utilizado ya para firmar leyes y decretos sin estar presente. Pero algunos afirman que una ley firmada con esta máquina no es legal, aunque hasta ahora nadie ha cuestionado su validez en tribunales.
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