El ataque con armas de fuego y explosivos de fabricación casera a 18 subestaciones de la CFE y seis estaciones de gasolina en Michoacán reitera el desafío a los poderes públicos de las bandas criminales que, desde hace años, se han apropiado de vastos territorios en esa entidad. Al mismo tiempo, exhibe el fracaso del operativo policiaco-militar que arrancó el lunes 20 de mayo pasado y que se propuso -como seis años atrás Felipe Calderón- recuperar zonas controladas por la delincuencia.
Al anunciar la nueva estrategia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableció dos ingredientes mayores: una estrecha coordinación entre las fuerzas de seguridad y un sistema de inteligencia para enfrentar al crimen. Osorio anticipó que las fuerzas federales recorrerían comunidad por comunidad, que naves artilladas apoyarían a los elementos desplegados en tierra y se instalarían puntos de revisión; que habría células de inteligencia que proveerían de información en tiempo real, así como un despliegue específico en los "puntos rojos" (uno de los cuales era Apatzingán); que se supervisarían caminos, rancherías y localidades de difícil acceso...
Transcurridos cinco meses, y no obstante la presencia de más de 7 mil elementos -entre los que se cuentan algunos que forman parte de unidades de élite de las Fuerzas Armadas-, persisten la extorsión a los comercios, carreteras intransitables, secuestros y asesinatos, y su corolario: el miedo que permea todos los espacios.
El infausto regreso de Fausto Vallejo -un gobernador cuyo semblante sombrío parece reflejar la dureza de este tiempo- se inscribe en un contexto de verdadera emergencia, porque al desafío del crimen organizado se agregan las tensiones permanentes que genera la rudeza de los normalistas y los profesores de la CNTE (bloqueo de oficinas y de carreteras, secuestro y quema de autobuses del transporte público, entre otras acciones); la sospechosa proliferación de policías comunitarios y grupos de autodefensa, algunos, al parecer, armados por uno de los cárteles en pugna (el de "Jalisco Nueva Generación"); la depredación de los bosques por los talamontes, como en Cherán; el desplome de la actividad económica en la entidad y la quiebra de las finanzas públicas estatales.
Muchas cosas duras ha sufrido Michoacán: la noche del 15 de septiembre de 2008, en la plaza pública Melchor Ocampo, en Morelia, estallaron dos granadas de fragmentación, con lo que se inauguró una forma de violencia inédita en el país. En julio pasado cayeron en una emboscada el vicealmirante Carlos Miguel Salazar, comandante de la zona naval con sede en Puerto Vallarta, y uno de sus escoltas.
En este contexto, el ataque a las instalaciones eléctricas parece lanzar al menos dos mensajes: 1) que a pesar de la presencia de las fuerzas armadas y la Policía Federal, los criminales pueden desquiciar la actividad productiva, y 2) que no están dispuestos a aceptar dócilmente ser sacados del juego. Esto último, como respuesta a lo ocurrido apenas el sábado, cuando grupos comunitarios marcharon hasta el centro de Apatzingán con el propósito de "expulsar" a "Los Caballeros Templarios".
A diferencia de otras bandas del crimen organizado, los cárteles michoacanos han desarrollado tácticas que se asemejan a las del "foquismo" guerrillero: el pisa y corre, la emboscada al enemigo... Quizá es tiempo de que las autoridades entiendan que no se puede confrontar a narcoguerrillas con acciones convencionales.
El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, ha denunciado el drama que se vive en esa tierra. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha recogido su reclamo y exigido a las autoridades federales, estatales y municipales "una acción pronta y eficaz ante los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas..."
Desde la oposición perredista y panista en el Congreso de la Unión empieza a hablarse de suspensión de garantías o de desaparición de poderes. De tal suerte que la crisis política que padece la entidad podría alcanzar, pronto, un nivel más alto de incertidumbre.
A Calderón se le reclamó haber lanzado un operativo sin contar con un diagnóstico que le advirtiera de la complejidad de la situación. Hoy no cabría pensar que los hombres del presidente Peña, los que sí saben cómo hacerlo, hayan incurrido en el mismo error. Por eso es inadmisible la ausencia de resultados; por eso hay que exigirles que pongan fin al estado de sitio impuesto por los criminales.
Twitter: @alfonsozarate
(Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario)
