Un muchacho vestido de pantalón vaquero y camiseta azul camina por una calle de esta agradable ciudad de Tuczon, Arizona, en medio del desierto que se encuentra unos 100 kilómetros al norte de la frontera con México. Podría ser un chico de cualquier lugar del mundo, excepto que porta un revólver al cinto.
Nadie parece inmutarse. En el estado de Arizona es legal para cualquiera portar un arma de manera visible. En 2010 se permitió también la portación de un arma de fuego oculta sin necesidad de contar con un permiso.
Arizona, de hecho, no exige permisos para la compra de un arma de fuego, ni obliga a registrar un arma cuando se adquiere. Tampoco restringe la venta o posesión de armas de asalto como las que usan los narcos. Junto a Alaska y Utah, obtiene la peor evaluación de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas (llamada así por James Brady, funcionario público incapacitado permanentemente al ser herido en un atentado en contra del presidente Ronald Reagan). Su calificación es simplemente de cero.
La apertura a las armas contrasta con la rigidez de otras leyes en Arizona. Conducir un vehículo tras haber ingerido dos o más copas lleva la primera vez a una multa de cuando menos 250 dólares y a un arresto de entre uno y 10 días. La segunda falta tiene una pena mínima de entre 30 y 90 días de cárcel. El estado cuenta también con la legislación más restrictiva para los extranjeros indocumentados, a los que considera criminales.
La laxa legislación sobre las armas de fuego es parte de una tradición. Arizona se precia de ser el estado del viejo oeste en el que las familias se defendían con armas de los agresores.
El 8 de enero de 2011 un joven de 22 años, Jared Lee Loughner, atacó con una pistola a la diputada federal Gabrielle Giffords y a otros participantes en una reunión pública en Casas Adobes, en la zona metropolitana de Tucson. La diputada fue herida de gravedad y otras 18 personas fueron alcanzadas por las balas. Seis personas murieron, incluyendo una niña de nueve años de edad, Christina Taylor Green. La diputada Giffords, demócrata, se había opuesto previamente a las restricciones a la compra o posesión de armas de fuego; ahora, en 2012, lanzó un programa para una política "responsable" de armas de fuego, que mantenga la libertad de venta y posesión, pero permita también verificaciones de antecedentes de personas que compren armas.
A pesar de la liberalidad en la venta y posesión de armas, o del incidente de Casa Adobes, Arizona no es un estado particularmente violento. Su tasa de homicidios dolosos es de 5.5 por cada 100 mil habitantes al año, ligeramente arriba de los 4.8 de la Unión Americana, pero muy inferior a los 21.8 del Distrito de Columbia, donde se ubica la capital federal. El 66 por ciento de los homicidios de Arizona se comete con armas de fuego; en la ciudad de Washington, en cambio, la cifra es de 75.6 por ciento, pese a tener restricciones más severas a la venta y posesión de armas.
La cultura de las armas de fuego está tan arraigada en Arizona que muchos de los habitantes del estado piensan que la razón por la cual México tiene una tasa de homicidios tan alta es por la prohibición a las armas. Es poco probable que así sea, pero las cifras no dejan de sorprender. Según el Inegi, México tuvo en 2011 una tasa de homicidios de 24 por cada 100 mil habitantes. Sonora, el estado vecino de Arizona, registró 20, cuatro veces más que Arizona, a pesar de que en México y en Sonora las armas de fuego están prohibidas.
AUTOPISTA
Finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto se atrevió a liberar la Autopista del Sol bloqueada por enésima vez por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG). El operativo del viernes 5 de abril fue bien ejecutado por la Policía Federal aunque la CETEG se quejó de represión a sus derechos. La pregunta es por qué tardó tanto la autoridad en intervenir.
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