Arraigan a policías de GP
Un juez de Durango dictó el arraigo a 64 policías de Gómez Palacio y Lerdo para ser investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó ayer la Fiscalía General del Estado.
Los policías arraigados son parte del grupo de 159 agentes y empleados de las policías municipales de Gómez Palacio y Lerdo que fueron trasladados a Durango la semana pasada y puestos bajo investigación.
91 policías y empleados administrativos ya fueron liberados por falta de elementos para una acusación formal.
Otras tres personas ya fueron detenidas luego de que un juez dictara orden de aprehensión. Los jefes de ambas policías municipales, Víctor Hugo Cordero de Gómez Palacio y Andrés Balderas de Lerdo, también fueron arrestados.
La fiscal Sonia de la Garza dijo que el arraigo será de 30 días, pero el plazo se puede duplicar mientras la Fiscalía recaba evidencias de vínculos con cárteles del narcotráfico que operan en La Laguna.
De la Garza no especificó cuántos policías arraigados son de Gómez Palacio y cuántos de Lerdo.
En cuanto a los agentes ya liberados, la Fiscalía informó que algunos fueron calificados como "no aptos" en los exámenes de control de confianza, mientras que otros deben tomar un curso de adiestramiento impartido por el Ejército para renovar la licencia de portación de armas.
La Secretaría de Seguridad Pública de Durango será la encargada de decidir si estos policías regresan al servicio activo.
El resto de los agentes municipales de Gómez Palacio y Lerdo se encuentran desarmados y no participan en labores de patrullaje.
La vigilancia en ambos municipios permanece a cargo del Ejército y la Policía Federal.
REGRESAN A VICEFISCALÍA
Mientras tanto, la Vicefiscalía para la Región Lagunera de Durango comenzó a normalizar sus actividades luego de varias semanas en las que no había personal para recibir denuncias.
Varios agentes del Ministerio Público regresaron a trabajar luego de haber pedido permisos temporales.
La Vicefiscalía ha sido blanco de constantes ataques de grupos criminales y tres funcionarios fueron asesinados la semana pasada. Las instalaciones se mantienen bajo resguardo del Ejército.
