Ley. Isabel Miranda de Wallace y Ernesto Cordero, presidente de la Cámara Alta, dialogan durante el foro 'Derecho de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas'; en el Senado de la República.
Representantes de organizaciones civiles dedicadas a temas de seguridad exigieron una Ley de Víctimas que realmente sea operativa ya que la que se publicó el 9 de enero y que está por entrar en vigor, no lo será.
Durante un foro para discutir la nueva legislación, organizado por el PAN en el Senado, los activistas cuestionaron la gran burocracia que plantea la ley y que no garantiza justicia expedita, ya que la persona tiene que ir a darse de alta en un padrón y sólo entonces puede ser considerado "víctima".
"Aquí no hay ninguna ayuda inmediata. Primero se sigue luchando por los derechos, después tengo que formarme en la fila para que me reconozcan que soy víctima, y hasta después me van a dar la ayuda, o sea me la van a dar cuando ya no la necesito", advirtió Isabel Miranda de Wallace, fundadora de Alto al Secuestro.
Los participantes en la reunión coincidieron en que es un error no dejar claro quién sí será víctima y en qué delitos, porque pareciera que la ley puede aplicar hasta para quien le roban algo, y aclarar también quién no debe ser considerado como tal.
Elías Kuri, de Iluminemos México, puso como ejemplo el que una señora quiera reclamar la muerte de su marido en un asalto bancario, aunque resulta que el marido era uno de los asaltantes, pero como la ley no es clara, la mujer argumenta que tanto su marido como ella fueron víctimas de esa situación y además exigen compensación al Estado.
Señaló también que el tener una normativa para atender a víctimas sólo está tratando de subsanar deficiencias del Estado en el cumplimiento a su obligación de garantizar seguridad.
"¿Por qué impulsar este tipo de leyes cuando tenemos una reforma penal importantísima que llevamos 4 años impulsándola, que vamos a más de la mitad del tiempo para que se cumpla y que la mayoría de los estados están atrasadísimos en su implementación?
"Para mí, por ahí debería ir el enfoque del gobierno y no haber usado una Ley de Víctimas como una cuestión política, para nada más tener golpes mediáticos, porque esto al final se convierte en un insulto para las víctimas", dijo.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Ricardo Sepúlveda, reconoció que la ley sí tiene aspectos de avanzada como en cuanto a reconocimiento a víctimas acorde con tratados internacionales y estimó que hasta puede servir para incentivar la denuncia y reducir la cifra negra de delitos que quedan sin conocerse.
Sin embargo, apoyó las dudas que hay sobre la Comisión Ejecutiva, pues si bien da lugar a que participen integrantes de la sociedad civil, al requerir que no se trate de funcionarios públicos quienes la integren, se le conceden demasiadas atribuciones, como dictar políticas públicas que otras instancias y en todo el país tendrán que atender.
Orlando Camacho, presidente de SOS, recordó que estas organizaciones siempre manifestaron su desacuerdo con la ley como se aprobó, por lo que no fue sólo un berrinche en redes sociales las críticas que lanzaron el día de su publicación.
Alistan cambios
El Gobierno federal alista un nuevo proyecto de Ley de Víctimas, con el que se busca subsanar las diversas observaciones que se han hecho a la normativa que recientemente entró en vigor, y con ello garantizar que se proteja y se reparen los daños a víctimas del delito.
Así lo aseveró la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, tras participar en el foro "Derecho de las Víctimas y la nueva Ley de Víctimas" que organizó la bancada del PAN en el Senado de la República.
La funcionaria adelantó que dicho proyecto podría ser presentado en el período ordinario que inicia este 1 de febrero y agregó que uno de los puntos en que se trabaja reducir el catálogo de delitos contemplados, priorizando en los que sean graves y tengan un "efecto directo" sobre la víctima.
Asimismo dijo que se prevé delinear mejor la forma en que las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, accederán a la compensación de que habla la ley.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, consideró que la Ley General de Víctimas es una legislación con muchas carencias y deficiencias, que no debió publicarse.
"Si queremos actuar con responsabilidad tenemos que encontrar y decidir cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer, para que sea una ley operativa, para que sea una ley efectiva", concluyó el legislador del Partido Acción Nacional.
