Para apenas atreverse a tocar este tema es importante señalar un principio jurídico, planteado por el filósofo Aristóteles que es muy aplicable para el caso tratado líneas abajo: "tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales". La segunda parte de este precepto, acerca de tratar desigual a los desiguales se encuentra contenida en el derecho mexicano, particularmente en materia penal y agraria, donde el Estado considera al trabajador como un sujeto de derecho inferior en su capacidad de pedir derecho, versus la de un patrón; por lo que la ley suple las carencias que pudiese tener el primero. Sucede lo mismo en materia agraria: se presupone que los campesinos están en desventaja a la hora de un litigio contra algún pequeño propietario o una persona moral.
Todo el párrafo anterior, trata de ser un antecedente para el análisis de una información aparecida esta semana en El Siglo de Torreón, donde autoridades del Estado de Coahuila, específicamente el titular de la Administración Fiscal General, Ismael Ramos Flores declaró que en abril vence el plazo para el pago de tenencia, por lo que todos los poseedores de automóviles con placas de Coahuila, ya sean autos regularizados o nacionales, serán apercibidos para que paguen su tenencia de este año.
En la misma nota, Ramos Flores informó que aquellas unidades automotrices que porten placas de Onappafa u organismos similares, no serán molestados, no obstante se había dicho que estos primeros tres meses del año era un tiempo suficiente para que aquellos con autos en condiciones fiscales irregulares, léase internados al país de mero contrabando, podrían acercarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para regularizar su situación y posteriormente ir a la dependencia estatal a tramitar sus placas.
Pero si acaso, quien tiene un auto ilegal y no fue a la SHCP, no hay ningún problema, los estúpidos somos todos aquellos que tenemos autos nacionalizados o regulares que no hemos pagado las tenencias, que por cierto en Coahuila aumentaron desproporcionalmente de precio debido al quebranto financiero del gobierno anterior, donde don Ismael también fue parte, y que desde el primero de abril tendremos que sufrir el acoso los agentes de tránsito, mientras los ilegales circulan tan quitados de la pena.
Cómo se puede justificar al señor Ramos cuando quiere sencillamente quitarse la molestia de exigir hacer cumplir a todos esos carros que portan placas apócrifas, sin validez jurídica alguna, cuando se atreve a declarar acerca de cómo fueron internados esos carros de contrabando diciendo: "Esos vehículos ya están aquí en el país, la autoridad estatal no fue la permisiva para que entraran, son además el patrimonio de muchas familias".
¿Realmente don Ismael pensará que los ciudadanos comunes, que tenemos autos mexicanos con placas de Coahuila, que pagamos tenencia estatal para tapar parcialmente unas arcas desfalcadas -aun cuando en Durango no exista ese gravamen- somos tontos para no entender que no está dando un trato diferente?
Este artículo empieza citando el principio de justicia distributiva, y ciertamente los vehículos irregulares claro que son parte del patrimonio de muchas personas, ¡pero los vehículos nacionales y legales también lo son para quienes los pagan! Pero además de la justicia distributiva hay un principio de mayor peso, el de la igualdad de todos ante la ley; y desestima otro principio: el de la aplicación general del derecho para todos.
Este es un ejemplo claro de que siempre la política está por encima del Derecho, ya que el gobernador Rubén Moreira, hermano y sucesor del profesor Humberto, quien encabezó el gobierno que hipotecó a Coahuila por los siguientes 20 años, ha sido muy activo en cuanto a presentar iniciativas ante el Congreso local para modernizar muchas áreas del marco legal aplicable en el Estado, incluso impulsará una nueva Constitución.
Ha sido el abogado Moreira un férreo enemigo de la operación de casinos en el Estado, porque plantea que estos establecimientos dan origen a muchas acciones del crimen. Ha hecho que se legisle -y qué bien- por que en los hoteles se lleve un registro minucioso de quienes en ellos se hospeden. Estas y muchas más medidas ha implementado el gobernador en aras de restablecer la seguridad, y él dijo que obviamente la circulación de vehículos sin placas oficiales son por supuesto un elemento más que facilita la comisión de delitos sin recibir castigo. Sólo que don Rubén sabe que vienen ya las elecciones y no conviene para su política del momento molestar a todos aquellos que no quieren pagar placas; mejor hay que joder a los legales.
A pagar entonces quienes estén en la legalidad, que en Coahuila ya somos ciudadanos de segunda, los que tengan carros internados de contrabando son de primera, ellos no tienen que pagar.
