El Estado nació para dotar de seguridad a la comunidad. En sus orígenes, escribió Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la fuerza pública remplazó al pueblo armado. Hoy, en algunos espacios de México, el pueblo armado reemplaza a la fuerza pública y en otros son las bandas criminales las que suplantan a las autoridades.
La creación de grupos de "autodefensa" en distintas poblaciones del estado de Guerrero y Michoacán expresa el hartazgo de las comunidades ante la incapacidad de las autoridades para hacer lo que le corresponde, lo que constituye su razón de ser: garantizar la tranquilidad, imponer la ley.
En algunos poblados de Michoacán el acceso está limitado por puestos de control a cargo de matones que interrogan a quienes se adentran en esos lugares; son estos mismos quienes cobran los "impuestos" (nunca mejor descritos): el derecho de piso, la extorsión, el secuestro, y se mueven con absoluta impunidad por calles y avenidas exhibiendo sus armas e intimidando a la gente de bien.
Transcurridos más de seis años del primer "operativo conjunto" que se proponía recuperar Michoacán, el poder del crimen sigue supliendo a la autoridad. Los habitantes de las comunidades no entienden por qué las autoridades permanecen impávidas ante esta degradación del ambiente social.
El fracaso de los gobiernos -en Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, significativamente- es inadmisible. En vez de encender las señales de alarma y movilizar, con sentido de urgencia, todos los recursos disponibles para restablecer la paz, simplemente simulan, se hacen los que no ven o no saben lo que ocurre en anchos territorios dominados por bandas criminales que imponen su ley; las autoridades se doblegan y pactan. Y uno se pregunta: ¿cómo le explican esos funcionarios a los ciudadanos y a sus propios hijos su pasmo ante el predominio cínico de los delincuentes?
En los últimos años, ante la inacción de los gobiernos locales, la Federación ha desplegado contingentes militares, lo mismo del Ejército que de la Armada, y las cosas no cambian. Para recuperar Ciudad Juárez, la Policía Federal ubicó a 5 mil elementos en el área urbana, mientras las Fuerzas Armadas se ubicaron en los alrededores; a pesar del enorme esfuerzo, los resultados son muy modestos.
Primero fue el soborno y después el miedo. Lo cierto es que muchos policías y autoridades en innumerables municipios están al servicio de los criminales y los pocos que tienen el valor de enfrentarlos se encuentran en el peor de los mundos, pelean contra enemigos y traidores.
Las comunidades en armas son una más de las evidencias extremas del fracaso de la clase política en posiciones de gobierno. El problema es que, en el mejor de los casos, esos grupos de ciudadanos armados con fusiles viejos pueden hacer muy poco contra los talamontes (el caso de Cherán) o ante los sicarios que disponen de armas de alto poder, además de contar con el factor sorpresa y la complicidad de policías locales. Pero, además, una comunidad en armas porta enormes riesgos; uno de ellos, el de equivocarse y agredir o, incluso, "linchar" inocentes; otro es la conversión de estos grupos comunitarios en bandas paramilitares que resuelvan a través de la violencia viejas disputas (personales o de grupo) o se pongan al servicio de caciques o criminales.
Mientras esto ocurre, muchos miembros de la "crema y nata" de la clase gobernante -lo mismo mandatarios locales que legisladores y funcionarios federales- se dedican a enriquecerse, a endeudar a sus entidades bajo el lema "el de atrás paga", y disfrutan de privilegios inadmisibles en un país con tanta pobreza y tantos problemas: ingresos excesivos, vehículos de lujo, gastos de representación inmoderados, paseos por el mundo con cargo a los contribuyentes…
El Estado mínimo ha devenido Estado inepto, tan inepto que no puede cumplir siquiera con la más primaria de sus razones de ser. ¿Qué más tiene que pasar para que esas autoridades hagan lo que les corresponde o renuncien?
(Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario)
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@alfonsozarate
