Por mayoría de tres votos, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dé a conocer los nombres de aquellas personas que recibieron indemnizaciones por sufrir la pérdida de un familiar por acciones del Ejército en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Los nombres, establecieron los comisionados en su deliberación, deben darse a conocer disociados de los montos de dinero que les fueron entregados, para evitar que puedan ser víctimas de la delincuencia.
Además, agregaron, la Sedena debe informar las fechas y los lugares donde ocurrieron los hechos que motivaron la indemnización y entregar una versión pública de los documentos que acrediten que se hicieron los pagos respectivos.
Este recurso de revisión, con número RDA 200/13, cuyo proyecto fue presentado por el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, fue diferido la semana pasada, debido a que sus colegas consideraron que le faltaban elementos para poder ponderarlo y tomar una resolución.
En su proyecto, Trinidad Zaldívar propuso que los nombres de las personas indemnizadas y los montos deberían darse a conocer debido a que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental estable en su artículo 12 que debe ser pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes se entreguen recursos públicos por cualquier motivo.
Sin embargo, para esta regla general, sostuvo el comisionado presidente, Gerardo Laveaga, hay excepciones dentro de la misma Ley Federal de Transparencia, y una de ellas es que la difusión de la información ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas.
La comisionada María Elena Pérez-Jaén propuso que para garantizar el derecho de acceso a la información pública y al mismo tiempo proteger los datos personales de quienes recibieron las indemnizaciones, se dieran a conocer los nombres y los montos entregados, pero sin que se puedan vincular uno con otro.
A favor de esta propuesta votaron Laveaga y Jacqueline Peschard, en tanto que Sigrid Arzt manifestó un voto disidente y Trinidad Zaldívar se mantuvo con su propuesta inicial.
RESPALDO A RELATORÍA El IFAI respalda la labor que ha desempeñado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la intención de algunos países miembros de acotarla, señaló Gerardo Laveaga, presidente del organismo de transparencia.
En un posicionamiento que leyó al final de la sesión del pleno, agregó que la Relatoría Especial ha sido una aliada del IFAI, pues ha defendido las causas a favor de la transparencia y el derecho a la información en México.
"El IFAI expresa su firme respaldo a la labor de la Relatoría y manifiesta, con toda firmeza, su oposición a cualquier intento de menoscabar el rol fundamental que ésta ha venido desempeñando en la defensa de la libertad de expresión y la denuncia de las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el Continente Americano", indicó.
El IFAI, sostuvo, exhorta a la Asamblea General de la OEA para que refrende su respaldo a la labor de la Relatoría y resista cualquier iniciativa que pretenda acotarla.
Las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con cambios mínimos propuestos por el PAN, el dictamen de reformas a la Ley General de Víctimas, la cual se prevé sea discutida y en su caso aprobada por el pleno hoy jueves.
Entre los cambios propuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) y que fueron incluidos en el dictamen se destaca un agregado al Artículo 4 de dicha normatividad.
Dicho precepto señala que "son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos".
Asimismo, se avaló incluir en el dictamen que las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos de los órdenes estatal o municipal.
"Las víctimas podrán acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieran recibido respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiera prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado", destacó la propuesta.
