Activistas de inmigración y legisladores locales celebraron la aprobación de una normativa que limita la colaboración de las autoridades del condado de Miami-Dade con el gobierno nacional para detener a inmigrantes ilegales en Estados Unidos y que podría dejar en libertad a cientos de personas que están encarceladas por delitos menores.
El condado de Miami Dade es el primero de Florida en frenar los pedidos de detención de inmigrantes que formulan las autoridades federales amparadas en el programa Comunidades Seguras, aplicado desde 2008.
