Problema. En la mayoría de las escuelas públicas se niega la entrada a los alumnos que no pagan la cuota escolar.
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó cambios en la Ley General de Educación para no condicionar la prestación de los servicios educativos, a cargo del Estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación.
Con un aval de 112 votos, el dictamen sostiene que es necesario reforzar el principio de gratuidad que el Estado está obligado a proporcionar a la ciudadanía, pues implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos.
El documento aprobado por los senadores establece que las escuelas públicas, desde preescolar a bachillerato, en ningún caso condicionarán la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos en las escuelas públicas a cambio de la entrega de aportaciones.
Estos cambios, que deben todavía ser avalados por la Cámara de Diputados, también toca a las asociaciones de padres de familia para que puedan participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar, sin embargo éstas serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
En este nuevo esquema de participación, la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.
Este consejo escolar podrá conocer el destino y la aplicación de las cooperaciones, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, y se hace de esta forma "con el propósito de erradicar las prácticas fraudulentas que han sido identificadas al interior de dichos entes".
