El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García-Sayán, destacó los avances que México ha dado para garantizar la protección y respeto a las garantías individuales.
“He ido conociendo y percibiendo la evolución extraordinaria que México viene teniendo en los últimos tiempos al reafirmar sus instituciones en la perspectiva de los derechos humanos, en desarrollar conceptos fundamentales para su protección”, explicó.
En el marco del Seminario Internacional “Diálogo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, García-Sayán señaló:
“Si en un país podemos poner varios ejemplos de ese diálogo jurisprudencial, de la creatividad recíproca a través de la cual las decisiones normativas y jurisdiccionales apuntan en la misma dirección, ese país sería México”, comentó.
“Le agradecemos a México y sus instituciones por todos sus empeños y los pasos que se vienen dando para generar mejor y mayor protección de los derechos humanos, como decisiones adoptadas por la Suprema Corte y/o la reforma constitucional de 2011”, agregó.
En entrevista posterior, recordó que la CIDH ha seguido de cerca la situación de México a partir de varios casos y audiencias públicas hace cinco años “y hemos visto una evolución jurídica a institucional muy importante en lo que ataña a la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos que es lo que nos concierne”.
“La reforma constitucional de 2011, la decisión es de la Suprema Corte, el caso Radilla y la reciente reforma sobre la contradicción de tesis, conecta directamente con la sentencias de la Corte Interamericana”, señaló.
“No solamente -agregó-, se da cumplimiento a las sentencias de la CIDH, sino se alimenta de sus criterios y fortalece las decisiones de los tribunales en el conjunto del país y en la Suprema Corte en lo particular”.
García-Sayán destacó que una las innovaciones del país es el hecho de que todos sus jueces “tienen la obligación, como lo ha dispuesto la Suprema Corte, de aplicar el control de la convencionalidad”.
Esto quiere decir, dijo, “que sus decisiones tienen que ser compatibles, no solamente con la Constitución de la República Mexicana, sino con la Convención de los Derechos Humanos, tal cual ha sido aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un reto enorme”.
