En lo que constituía un autogol, o si lo prefiere un balazo en el pie en la pretensión del gobierno de controlar la banda de los 700 megahercios, joya de la corona para servicios de banda ancha, la Secretaría de Hacienda pretendía imponer un cobro extraordinario de derechos a los operadores.
De acuerdo a la propuesta inicial de reforma fiscal, el fisco recaudará nueve mil 500 millones de pesos por la explotación del espectro radioeléctrico no sólo en los 700, sino en la banda de 2.5 gigahercios.
Detectada la bala por la dependencia, sería el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el diputado del Verde Ecologista, Federico González Luna, quien lograría detenerla en el último minuto, cuando se había aprobado la legislación en lo general.
Bajo el nuevo marco, aprobada con 314 votos, la recaudación será de sólo 350 millones de pesos.
Como usted sabe, desde un ángulo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de una resolución de la Suprema Corte que le dio fin a un largo litigio, despojó, aunque el acto se interpretó como renuncia voluntaria, concesiones otorgadas a particulares por dos tercios de los 180 megahercios en su poder, dejándoles sólo 60.
El resto lo va a licitar.
Y aunque no se ha calculado aún el monto de la contraprestación respectiva, cuya tarea la realizará el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones en lugar de la Secretaría de Hacienda, a simple vista pareciera excesivo agregarle a ésta un cobro excesivo de derechos, de cara a quienes podrían participar.
Como usted sabe, limitada por la reforma constitucional en Telecomunicaciones la acumulación abusiva de espectro, sería difícil que los grandes tiradores, es decir, Teléfonos de México, Televisa, Iusacell o Telefónica México, pudieran participar en la pelea por el espectro.
De hecho, una de las firmas que mantenía concesiones, Megacable, no aceptó la posibilidad de operar la parte que le quedó en el escenario de la banda ancha, planteando la posibilidad de que se le dejara seguir utilizando el espectro sólo para audio y video, donde en el papel no tendría que pagar contraprestación alguna.
El asunto, una vez aprobadas las leyes secundarias, lo decidirá el propio Ifetel.
En el caso de la banda de 700 megahercios, la idea del gobierno es que la rectoría la tenga la empresa pública Telecomunicaciones de México, conocida como Telecomm, quien fragmentaria el espectro para ofrecerlo a diversas empresas mayoritarias de telecomunicaciones.
La firma, pues, actuaría como carrier de carrier's.
Lo curioso del caso, es que el proyecto, que en principio levantó una espesa polvareda entre los jugadores, aduciendo que el Estado entraría otra vez a la competencia, es una calca de lo que en su momento, hace tres años pretendía la cadena MVS en su espectro en la banda de 2.5 gigahercios. La firma de la familia Vargas planteaba una sociedad con cuatro firmas para actuar justo como carrier de carriers ofreciendo la posibilidad de abatir el costo del servicio y aumentar cuatro veces la velocidad de éste.
La alternativa se quedó en el escritorio de los funcionarios del gobierno panista anterior, cuya respuesta fue iniciar un procedimiento para despojar a la firma del espectro que mantenía, alegando que estaba subutilizado.
En la catarata, para no exacerbar la ira de los gigantes en el mercado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes metió la reversa en la idea original de operar los hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad que le quedaban libres tras concesionar un par de ellos.
El operador era una firma de razón social CFE Telecom.
El giro fue tan violento, que se obligó a ésta a migrar los contratos que había obtenido en diversas dependencias públicas hacia un troncal… que fragmentará su espectro para concesionarlo a diversos operadores.
Reculó el gobierno.
Finalmente será la semana entrante, concretamente el 29 de octubre, cuando la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, libere de la posibilidad de quiebra a la filial de ésta para mantenimiento de aviones conocida por sus siglas en inglés como MRO.
La firma, única negocio en marcha tras la salida de las pistas de la línea área, es la más importante del ramo en México, con certificaciones nacionales e internacionales.
Los acreedores de ésta, entre ellos Banorte, Bancomext y el aeropuerto capitalino, capitalizarán sus deudas, es decir, las convertirán en acciones, en espera de seguir la operando… o venderla en su momento.
Bajo el nuevo escenario pareciera misión imposible que exista un postor para rescatar a Mexicana, dado que una de las potencialidades que apuntalaba la alternativa era justo el integrar la firma con su planta de mantenimiento.
Hasta antes de suspenderse las operaciones aéreas, la empresa MRO aportaba el 28 por ciento de sus ingresos.
El último tirador en la escena es el empresario Juan Antonio Santana Ayala, quien afirma tener 390 millones de dólares listos.
¡AL CABOTAJE!
Rechazada por años la posibilidad, ahora resulta que el gobierno prepara una iniciativa de Ley de Fomento a la Marina Mercante, vía la cual se abriría la posibilidad de cabotaje, es decir, el que un barco de bandera extranjera pueda operar al interior de la República, es decir, colocar envíos de los puertos de Lázaro Cárdenas al de Manzanillo, o de Veracruz a alguno de Tamaulipas.
El pretexto es que este tipo de traslados sólo los contrata Petróleos Mexicanos.
Un golpe más a la Marina Mercante Nacional.
APREMIAN A LA PGR
Colocada en la mesa una solicitud de amparo por parte del banco francés Credit Agricole contra la negativa de la Procuraduría General de la República de citar a comparecer a los integrantes del Consejo de Administración de Vitro en relación con un posible fraude, el juez de la causa le acaba de girar un exhorto a la instancia.
De acuerdo a la intermediaria financiera, la principal vidriera del país le quedó a deber en la fase previa a su integración voluntaria a un concurso mercantil, un saldo millonario en dólares por apuestas fallidas en los mercados derivados.
La empresa encabezada por Adrián Sada González alega que el adeudo se colocó en la mesa concursal, lo que obliga al banco galo a aceptar las condiciones de pago pactadas por mayoría en la reestructura que le permitió salir del procedimiento.
La PGR no había aceptado la extensa lista ofrecida por el acuerdo, al considerar que no había certeza de si todos los incluidos estaban en funciones al momento en que se contrataron las operaciones.
SE DESACELERA WALMART
En consonancia con la situación económica del país, las ventas de la cadena de tiendas Walmart sufrieron un retroceso en su crecimiento al tercer trimestre del año.
El avance fue de sólo 0.7 por ciento, frente al promedio de 1.2 en las últimos cuatro trimestres.
Aun con la desaceleración las ganancias de la cadena líder en autoservicios alcanzaron cinco mil 298 millones de pesos, 39 millones más a la del mismo periodo del 2012.
