Ante el subejercicio presupuestal del Gobierno Federal y la recesión que ha provocado, aunado al camino tortuoso por el que va la discusión de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, ya era hora de que el Gobernador de Banco de México rompiera el silencio y dijera esta boca es mía.
La oportunidad la ofreció la celebración del vigésimo aniversario de la declaración de la autonomía de la Institución, en cuya ceremonia el gobernador Agustín Carstens aseguró que la banca central a su cargo, no financiará el déficit del Gobierno Federal.
El discurso pronunciado ante el presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores de los bancos centrales de otros países, Carstens recordó que la estabilidad macroeconómica, depende de la relación armónica entre las políticas monetaria y financiera del Estado. Al contestar el discurso de referencia, el Presidente de la República reconoce legítimo el planteamiento del Gobernador, y agrega que "la inflación es el impuesto más oneroso... y el que más daña a los que menos tienen…".
Aunque el contenido de los discursos es claro, la política del Presidente no es congruente. La iniciativa de ley de ingresos propuesta al Congreso por Peña Nieto no corresponde al discurso citado, en la medida en que contempla un endeudamiento extra estimado en doscientos sesenta y cinco mil millones de pesos para el año entrante, sólo para financiar el déficit que provocará el seguro de desempleo, lo que se advierte a todas luces inflacionario.
La Constitución dispone que los impuestos a cargo de los ciudadanos deberán ser proporcionales y equitativos sin embargo, la propuesta fiscal del Presidente carga la mano a la clase media, y contradice la tendencia mundial de gravar el consumo mediante el Impuesto al Valor Agregado. Esta tendencia que es la adecuada para repartir las cargas impositivas en países con grandes desigualdades sociales como el nuestro, llevó a los gobiernos panistas a partir del año dos mil, a proponer la aplicación generalizada del IVA que incluiría alimentos y medicinas a tasas diferenciadas, para gravar en menor medida los bienes de primera necesidad.
En virtud de que el IVA se traslada a lo largo de la cadena productiva y comercial hasta el consumidor final, con la aplicación generalizada del impuesto al consumo se cumplirían los requisitos constitucionales de equidad y proporcionalidad, por virtud de que quien más consume paga más y como añadido: se grava más el consumo de bienes suntuarios, se reduce la economía informal, se amplía la base de tributación y como consecuencia se recauda más dinero y con los excedentes se compensa a las personas de menos ingresos, generándose un círculo virtuoso.
El problema fue que en aquellos años, la prioridad de la oposición priista era la de volver al poder, en tanto que el PRD abraza cualquier causa radical que le rinda dividendos electorales a corto plazo. PRI y PRD hicieron un frente en contra de la propuesta de Reforma Hacendaria de aquel entonces, convirtiéndose el "No al IVA en alimentos y medicinas" en una bandera que de arma arrojadiza contra los gobiernos panistas y estandarte electorero, ha pasado a la condición de dogma ideológico priista perredista y hoy opera como trampa en contra del gobierno de Peña Nieto, en la medida en que impide hacer una verdadera Reforma Fiscal.
En sus días de candidato, Peña Nieto propuso aumentar la recaudación del IVA aplicando este impuesto al consumo de bienes básicos, como lo expresa en la página 170 del libro "México la gran esperanza" cuya autoría se le atribuye. Sin embrago, el ahora Presidente contradice su discurso de campaña y presionado por la agenda tributaria de López Obrador, decide mantener el mito del no al IVA en alimentos y medicinas, lo que lo ha llevado a proponer una miscelánea fiscal demagógica, que arrastra "la enorme madeja de exenciones y privilegios fiscales..." que el propio Peña Nieto critica en las páginas 166 a 169 del libro en cita.
Lo anterior confirma que una cosa son los discursos de Peña Nieto y otro su comportamiento en la realidad. El próximo fin de semana, la Cámara de Diputados deberá concluir el estudio y aprobación del presupuesto de ingresos, sobre la base de una iniciativa presidencial muy distante de lo que el país necesita: Asegurar una relación armónica entre las políticas financiera del Gobierno Federal y monetaria del Banco Central, que mantenga la estabilidad macroeconómica que recibió Peña Nieto.
