Las cifras de la banca mexicana no sólo son positivas sino que contrastan marcadamente con las dificultades que las instituciones financieras registran en otros países del mundo. La cartera de crédito vigente ha subido más de 13 por ciento entre febrero de 2012 y el mismo mes de 2013 y la de consumo casi 16 por ciento. La captación tradicional ha aumentado más de 7 por ciento.
Desde 2002 las actividades de la banca han crecido a un ritmo tres veces superior al de la economía general, me dice Jaime Ruiz Sacristán, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México. Muy lejos estamos ya de los momentos en que la banca fue estatizada en 1982 o en que tuvo que ser rescatada con dinero público después de la crisis de 1995. El sector financiero ya representa el 26 por ciento del Producto Interno Bruto. Pero esta cifra es baja en comparación con la de los países desarrollados e incluso Brasil, donde alcanza el 50 por ciento.
La poca bancarización de nuestro país es consecuencia de muchos factores. Uno de ellos es la importancia que tiene en México la economía informal, la cual emplea a un 60 por ciento de la población económicamente activa. La informalidad depende mucho de las transacciones en efectivo. Otro factor surge de los bajos réditos que pagan los bancos a los ahorradores, que en los últimos años han sido inferiores a la inflación en los depósitos tradicionales; esto significa que uno coloca su dinero en el banco sólo para ver cómo su poder de compra se desvanece gradualmente. Un factor adicional es la alta tasa de interés que se cobra a los usuarios de crédito.
Una de las razones principales de la gran diferencia entre las tasas activas y pasivas en México es la dificultad para ejecutar garantías. En los países con un mejor estado de derecho, un banco o cualquier otro acreedor puede tomar posesión en cuatro o cinco meses de una casa o un automóvil que hayan sido garantías de un préstamo no pagado. En México, entre el proceso judicial y la ejecución, el tiempo puede alargarse a entre dos y cinco años. Los acreedores muchas veces deben pagar para que las autoridades lleven a cabo una ejecución ya ordenada por un juez. En algunos casos la resistencia de ciertos grupos organizados puede llevar a que simplemente no se ejecuten las garantías ante el temor de la autoridad a posibles enfrentamientos.
Mucha gente piensa que es correcto que se restrinja la capacidad de bancos y otros acreedores de ejecutar garantías. Hay que defender a los deudores frente a los malvados banqueros, dicen. Las políticas paternalistas hacia los deudores, sin embargo, han disminuido el crédito disponible para los mexicanos y han aumentado su costo; además, han reducido el crecimiento económico y la generación de empleos. Lo más injusto es que los usuarios cumplidos de los servicios bancarios tienen que absorber los costos adicionales producidos por estas dificultades para ejecutar garantías.
La reforma financiera, cuya presentación ha sido postergada por la disputa política en el seno del Pacto por México, considera una mayor facilidad en la ejecución de garantías, entre otras medidas. El propósito es homologar las condiciones con las que opera la banca nacional con las de los países con un más sólido estado de derecho. La mejor manera de ayudar a bajar los costos del crédito es permitir una mayor rapidez y facilidad en la ejecución de garantías.
VIOLENTOS
La CETEG y el Movimiento Popular Guerrerense están incrementando el tono y la violencia de sus protestas. Pero es lógico. En ocasiones anteriores estos grupos y otros parecidos han obtenido todo lo que han querido con estas movilizaciones. Hasta este momento las autoridades no se han atrevido a utilizar la fuerza pública, ni siquiera cuando los integrantes del movimiento han utilizado abiertamente la violencia.
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