La estrategia oficial de vestir como reformas estructurales óptimas a cambios parciales que, por lo mismo, no contribuyen a la solución de fondo para la modernización de nuestra economía, tiene diversos efectos perniciosos, entre los que destaca el desencanto de la población con las mal llamadas reformas.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo lo mismo que sus antecesores, con propuestas de cambios que se quedan cortos en sus alcances y que, en el caso de los fiscales, acaban por imponer una mayor carga sobre los contribuyentes tradicionales.
Desde la administración del presidente Vicente Fox, ahora dedicado a promover la legalización de actividades que en este momento están al margen de la ley, seguida por las de Felipe Calderón y la actual, se han planteado medidas para incrementar la recaudación impositiva y financiar así un gasto público creciente.
El resultado en estos casos ha sido siempre el mismo. Por razones políticas, en la negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no han prosperado todos los aumentos propuestos para los gravámenes, pero el gasto no se reduce, sino que, incluso, se incrementa por encima de la solicitud inicial del Ejecutivo.
Normalmente los trucos utilizados para lograr ese "milagro" son elevar el supuesto del precio del petróleo exportado por nuestro país, mover la previsión del precio del dólar y tolerar un mayor déficit que el propuesto. Aparecen así, por obra y gracia de los legisladores, mayores recursos que validan el barril sin fondo en que se ha convertido un gasto público en ascenso.
La historia reciente avala esa tendencia. En 1994 la proporción del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) era de 18.5. Seis años después, al concluir el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, la proporción referida se incrementó a 19.3%.
En 2006, cuando terminó el sexenio de Vicente Fox, la relación era de 21.8% y en 2012, al dejar la presidencia Felipe Calderón, se ubicó en 25.6%. Es decir, en 18 años el gasto gubernamental se incrementó en 7 puntos porcentuales del PIB.
Lo preocupante es que la presente administración arranca con esta carga pesada, pero en vez de abocarse a una redefinición del tamaño del gobierno y a una disminución de su gasto corriente, continúa la práctica de proponer aumentos tributarios para sostenerlo e incrementarlo.
En esta ocasión, con varias medidas que incluían aumentos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros gravámenes, el gobierno preveía elevar en 2014 la recaudación en 1.4 puntos porcentuales del PIB para destinarlo, junto con mayor déficit y más endeudamiento, al gasto público.
De entrada, la propuesta oficial para elevar la recaudación comenzó mal. Renunció a la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas, con el argumento de que "afectaría de manera significativa la situación de los hogares más pobres del país".
Curiosamente, este argumento no se consideró, por ejemplo, al proponer el IVA sobre las rentas de viviendas o el impuesto a los refrescos y a los considerados alimentos "chatarra".
Los legisladores tomaron, en lo que les convenía, el argumento original del Ejecutivo y le están dando marcha atrás al IVA en rentas de vivienda, espectáculos, intereses sobre hipotecas y colegiaturas.
No obstante, la propuesta inicial enfrenta una reducción en los ingresos previstos, aún con el alza de la tasa del impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos. En ninguna parte, sin embargo, se revisa el gasto a la baja.
Quisiera equivocarme, pero sospecho que el gasto público se mantendrá como lo contenía la propuesta oficial o, lo que es más probable, tendrá un incremento con la justificación de que se trata de apoyar la labor del gobierno en "gasto social" y en "infraestructura", por lo que seguramente tratarán de cubrir la diferencia con la revisión tradicional a los estimados del precio del petróleo, del dólar y del déficit público.
Esa situación probará ser insostenible, por lo que no nos sorprendamos cuando para hacerle frente a un gasto público creciente se plantee la necesidad de mayores recursos provenientes de los hogares y de las empresas, con la propuesta en el futuro de nuevos gravámenes.
El problema será más evidente cuando se modifiquen las circunstancias extraordinariamente favorables que han prevalecido, hasta ahora, en los mercados financieros. El alza de las tasas de interés internas y externas, que quizá comience a partir de 2015, obligará a destinar más recursos para pagar el servicio de la deuda y mostrará claramente la imprudencia de seguir tirando el dinero en un gasto público creciente y, a todas luces, improductivo.
