Las investigaciones practicadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la muerte de un niño en la población de Tlacuitapa, presuntamente de una situación derivada de "bullying", hasta ayer miércoles no permiten confirmar las versiones que indican que al menor lo sumergieron en la taza del baño de la escuela.
Un comunicado de la dependencia establece que para salvaguardar la integridad física de los alumnos de la escuela Gómez Farías en Tlacuitapa, en el municipio de Unión de San Antonio, donde cursaba el menor, se adoptaron medidas cautelares.
La dependencia destacó que la medida es parte del proceso que por oficio tomó la queja por el fallecimiento del menor de edad por un probable acto de violencia escolar y fueron emitidas al delegado regional de la Secretaría de Educación del estado, para que a la vez dé instrucciones al personal psicopedagógico y directivo de la escuela Gómez Farías en favor de todos los alumnos.
Asimismo, adoptó medidas cautelares al DIF municipal de Unión de San Antonio para que brinde apoyo psicológico y de trabajo social al presunto agresor y su familia, ya que es un menor de edad que podría ser víctima de violencia social y tiene que ser protegido por el Estado con un tratamiento adecuado y el seguimiento del problema que presente.
La CEDH conoció el hecho el domingo pasado a través de diversos medios de comunicación del fallecimiento del niño de siete años de edad en el Centro Médico de Occidente del IMSS, al parecer por las lesiones y daño en los pulmones, luego de una supuesta agresión que sufrió por un compañero de escuela.
La nota informaba que los familiares, al ser de escasos recursos económicos, solicitaban el apoyo de la ciudadanía para costear los gastos funerarios.
La CEDH también se ha entrevistado con los padres del menor muerto, con profesores y autoridades de la escuela del fallecido, para iniciar la investigación que aún continúa.
En torno a los mismos hechos, un organismo de la sociedad civil presentó queja ante esta Comisión contra el Instituto Mexicano del Seguro Social por posible negligencia médica, la cual fue canalizada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de una dependencia del gobierno federal.
