El PRI en el Senado busca que se sancione a los funcionarios que propiciaron la violación de derechos humanos en el sexenio de Felipe Calderón.
A través de un punto de acuerdo que presentarán este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, senadores del PRI impulsan que se brinde un informe pormenorizado, a través de la secretaría de Gobernación, sobre el estado en que recibió los expedientes, así como las acciones llevadas a cabo en materia de derechos humanos en esa dependencia en la administración pasada.
En el documento, agendado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, se señala que en su caso, se proceda penal y administrativamente en contra de los servidores públicos responsables del cumplimiento de la ley en la materia durante ese periodo.
Lo anterior, tanto por omisiones como por actos cometidos en contra del respeto, promoción y procuración de los derechos humanos.
Los legisladores del PRI impulsan este punto de acuerdo luego de que Amnistía Internacional emitió su informe, en el que constata la violación de derechos humanos durante el sexenio del panista.
"Toca ahora a este Poder Legislativo denunciar y conocer a fondo por qué una administración completa fue omisa en la protección de derechos humanos", dice el documento.
Hoy -señala la argumentación de los priístas- "somos noticia porque en el informe 2013 de la organización internacional protectora de derechos humanos, Amnistía Internacional, calificó de atroces las violaciones a los derechos humanos en el país durante la administración del calderonato. Amnistía Internacional asienta en su reporte que Felipe Calderón, ignoró "los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizados, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad.
"Agrega el informe que, en los seis años de gobierno de Calderón, más de 60 mil personas murieron y 150 mil tuvieron que desplazarse de sus hogares debido a toda la violencia vinculada a la guerra contra el crimen organizado y, el sistema de justicia penal con graves deficiencias, permitió que el 98% de los delitos quedaran impunes", dice el texto.
El resolutivo plantea lo siguiente: "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, envíe un informe pormenorizado del estado en que recibió los expedientes, así como las acciones llevadas a cabo en materia de derechos humanos en esa dependencia, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y, en su caso, proceda penal y administrativamente en contra de los servidores públicos responsables del cumplimiento de la ley en la materia durante ese periodo".
