En riesgo. Los miembros del Partido Republicano de EU realizan acciones para retrasar la reforma migratoria.
Miembros conservadores del Partido Republicano y locutores aliados derechistas impulsan una estrategia para retrasar la reforma migratoria en Estados Unidos, denunció ayer lunes el diario The Washington Post.
El periódico señaló en un editorial que esos esfuerzos se enfocan en la Cámara de Representantes contra la legalización y el camino a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados que propone un proyecto de ley bipartidista en el Senado. Citó como ejemplo que la semana pasada el presidente del Comité Judicial de la cámara baja, el republicano Robert Goodlatte, anunció que considerará proyectos de ley más pequeños sobre la inmigración.
Goodlatte tomó esa decisión en lugar de esperar el avance del proyecto de ley en el Senado o que emerja un plan similar de un grupo bipartidista en la cámara baja, señaló.
Agregó que la estrategia da a los conservadores una oportunidad de votar por proyectos de ley sobre seguridad fronteriza, trabajadores migrantes agrícolas y el programa de verificación electrónica de empleo.
Sin embargo, prevén rechazar medidas para otorgar un estatus legal y la ciudadanía a los indocumentados, al calificarlas como "amnistía", indicó The Washington Post. Puntualizó que esos esfuerzos ocurren pese a que los republicanos perdieron por amplio margen el voto latino, que es principalmente proinmigrante, en los comicios de noviembre pasado. Además, una buena parte de los estadounidenses favorece la legalización de indocumentados que en su mayoría han vivido por más de una década en Estados Unidos y son clave para la economía. El diario destacó que líderes conservadores como el senador republicano Marco Rubio, mencionado como potencial candidato presidencial en 2016 e integrante del grupo de los ocho en el Senado por la reforma migratoria.
Rechazan apelación
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación que presentó Alabama para reactivar partes de la ley de inmigración estatal, incluida una disposición que convertía en delito albergar a personas que no tengan permiso para estar en el país.
Los magistrados ratificaron el fallo de una corte federal de apelaciones que impidió la entrada en vigencia de partes de la ley. El magistrado Antonin Scalia votó a favor de escuchar los argumentos de la apelación estatal.
El propósito de la ley era reducir el "número de extranjeros ilegales" en Alabama.
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, consideró que la ley de inmigración es principalmente responsabilidad del gobierno federal.
