Para disuadir a quienes intenten utilizar programas sociales para beneficio de partidos políticos y candidatos, el Partido Acción Nacional presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reformas al Código Penal a fin de elevar la penalidad de los delitos electorales.
"Los delitos electorales han evolucionado en los últimos años y esto ha representado un serio problema en los procesos federales y locales en razón de que hasta hace poco se circunscribían a conductas delictivas que se ejecutaban de forma exclusiva el día de la elección", dijo el diputado Fernando Gutiérrez Pérez.
Sin embargo, añadió, "no se preveían sanciones y figuras para los días previos a la jornada electoral, esto es, durante las precampañas y campañas", señaló al presentar la propuesta.
Lamentó que en los procesos electorales del país sigan vigentes prácticas como "el acarreo de votantes, la coacción al voto de ciudadanos y servidores públicos, la compra de sufragios y los excesos en los topes de campaña, entre otros ilícitos".
Aseguró que prácticas como "la guerra sucia, la denigración de imagen de los candidatos, la inducción sistemática al voto, la coacción para que servidores públicos participen activamente en las campañas y la utilización de los programas sociales como herramienta para comprar y corromper conciencias, siguen ocupando las agendas legislativas y políticas del país".
Ante esto planteó la necesidad de elevar de seis años a ocho años la penalidad máxima para los delitos electorales, que además del castigo penal estarían acompañados de multas que irían de tres mil a más de 12 mil pesos.
Denuncian a alcalde
El Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal en contra de René González de Luna, alcalde de Morelos, Coahuila, por coaccionar el voto a los empleados del municipio y en contra de los trabajadores que presten sus servicios en la Secretaría de Desarrollo Social por el mal manejo en la distribución de despensas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público en la Subprocuraduría Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Según Diego Velázquez Alemán, representante del departamento jurídico del PAN, la querella se sustenta con un audio en el que el director de Obras Públicas de dicho municipio, Juan Fernando Mendoza realizó despidos injustificados por cuestiones políticas, coaccionando así el voto a favor del PRI en ese municipio.
Asimismo, se anexó fotografías donde se observa a empleados de la Presidencia Municipal descargando a la puerta de acceso del Cabildo despensas el pasado 16 de junio; también aparece Marco Antonio Garza, encargado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
También se presentó la denuncia en contra de quien resulte responsable en el municipio de Villa Unión por anomalías sucedidas el pasado 4 de junio, cuando un joven llevó en una camioneta despensas del Gobierno del Estado al domicilio de José López, esposo de la regidora Sonia Galaviz, esto para uso electoral y de esa manera beneficiar al candidato del PRI.
