Entre las iniciativas que votará el Congreso Local, durante el mes de enero se encuentra la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado orientada a privilegiar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los acusados.
Entre los puntos que integran la iniciativa resalta el derecho a la impartición de justicia a quienes sean miembros de comunidades indígenas a través de intérpretes. Así como el respeto a sus costumbres.
Además de contar con la información de su proceso legal en su dialecto o idioma.
Respecto al acusado, éeste deberá ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos en donde la pena máxima no exceda de dos años de prisión.
En el caso de las víctimas de delitos de trata de personas, violación o secuestro, su identidad será resguardada y podrá solicitar las medidas cautelares para su protección y restitución de sus derechos humanos.
El artículo 155 establece que las comunicación y el derecho a la privacidad es inviolable. Por lo que se sancionará cualquier acto que atente contra la privacidad de los acusados. Otro de los puntos que resaltan es el derecho a la protección de sus datos personales.
El artículo 111, establece la obligación por parte de las autoridades de dar asistencia médica con cargo a los fondos públicos. Cabe recordar que uno de los problemas que enfrenta el penal de Saltillo es la falta de atención en materia de salud, ya que en el Centro de Reinserción Social masculino se cuenta con un médico voluntario para atender a 800 internos.
