Buscan restringir equipos a espías
MÉXICO, DF.- La Secretaría de Gobernación prepara modificaciones a la Ley Federal de Seguridad Privada (LFSP) para restringir la venta de equipos de inteligencia y de espionaje, ya que existen vacíos legales que impiden un control estricto sobre las empresas dedicadas a su comercialización.
Juan Antonio Arámbula, director general de Seguridad Privada de la Segob, dijo en entrevista que no existe una regulación específica, sino dispersa, sobre la compra-venta de equipos, como el malware FinFisher y el geolocalizador de teléfonos Hunter que adquirió la Procuraduría General de la República en 2012.
"Hay un vacío legal que permitió en el pasado que empresas de comercialización de productos los ofrecieran libremente a diversas dependencias, incluso, a lo mejor a entidades particulares, no sólo en el tema de equipamiento, sino incluso de asesoría y de capacitación. Hablo de entes nacionales e internacionales", destacó. "Ese vacío legal es uno de los temas que estamos abordando de manera absolutamente responsable, por eso he insistido en la necesidad de una nueva legislación; no nada más insisto, sino estamos trabajando en proveer elementos técnicos para el Poder Legislativo", indicó en el marco de un evento de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS).
Arámbula explicó que algunos aspectos que buscan incluir en la nueva LFSG son la creación de un registro sobre empresas que venden tecnología de intercepción e intrusión, y que acopie los datos del tipo de aparatos que comercializan.
La idea es que las compañías que no se encuentren certificadas por dicho registro en Gobernación, estarán impedidas para participar en los procedimientos de contratación del Gobierno Federal.
"Nuestra obligación concreta, del área a mi cargo, es proveer todos los elementos técnicos para que haya un registro eficaz de los prestadores de las actividades de comercialización de equipos, sobre todo los muy especializados que frecuentemente no tienen registro porque no es demostrable que tengan actividad en dos o más entidades", señaló.
"La parte comercial difusa permite brincar, a lo mejor tener un registro en una entidad, después tenerlo en otro, o no tener alguno, de manera que el futuro regulatorio tendrá que pensar en que aquéllos que evadan la legislación federal sean sujetos a una sanción", acotó.
El funcionario manifestó que otro de los puntos de preocupación, y que se buscan reflejar en la nueva legislación, es lo relativo a las entidades que adquieren este equipo, ya que en este momento la ley no impide que un particular compre tecnología de espionaje de gran alcance.
"Efectivamente, no existe (ese impedimento a particulares), pero no sólo eso, existe también la posibilidad física de que lo adquieran en el extranjero, en un país permisivo, y lo traigan subrepticiamente a México", destacó.
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