Disparidad. Los objetivos de uniformar los códigos penales es establecer criterios generales.
El Gobierno pretende impulsar una ley general para que las 32 entidades federativas ajusten sus códigos penales al nuevo sistema de justicia acusatorio.
Lo anterior, debido a que el Congreso de la Unión no está facultado para legislar un solo código que rija en todo el país.
En esta Ley General de Fundamentos Penales, explicaron fuentes de la Setec, se fijarían de manera general las conductas que serán sancionables y se establecerán los mínimos y máximos respecto de las penas que se podrán imponer a quienes incurran en ellas.
Lo que se pretende, dijeron, es evitar en el país grandes disparidades en los criterios para determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas delitos.
En octubre pasado se modificó la Carta Magna para permitir al Legislativo federal expedir un Código Único de Procedimientos Penales, cuyo anteproyecto ya fue puesto a consulta pública por el Senado.
Fuentes judiciales, sin embargo, expresaron dudas sobre la competencia del Congreso para expedir una ley general en la materia, precisamente porque no se ha hecho una reforma constitucional para autorizarlo.
Un problema crucial, por ejemplo, sería el tema del aborto, que casi todas las entidades siguen penalizando como delito.
