Regular efectivamente un servicio público es similar a caminar sobre una cuerda floja. Los funámbulos -nombre con el que se conoce a estos trapecistas- saben que el truco está en saber mantener el equilibrio. Cada paso que dan hacia adelante genera inercia hacia un lado, misma que deben contrarrestar aplicando una fuerza igual en la dirección contraria. Para no caer, extienden lateralmente los brazos y administran proactivamente el peso de su propio cuerpo. Igualmente, el buen regulador sabe que tanto la laxitud como la rigidez en la aplicación de la normativa puede dañar o incluso colapsar el servicio. Tanto para beneficiar a los usuarios como a la sociedad en general, el buen regulador debe identificar hacia cual de estos lados está inclinado el servicio, y hacer los debidos ajustes.
Ofrezco el servicio de taxis como ejemplo, pero lo mismo aplica para otras industrias. Es obvio que la sociedad gana cuando el servicio de taxi es prestado por un operador autorizado, debidamente capacitado, con sus papeles en regla y con un vehículo digno y de modelo reciente. Finalmente, no cualquier persona debe ser taxista, y no cualquier vehículo sirve para taxi. Condicionar la operación del servicio a la autorización y evaluación periódica del gobierno debe dar tranquilidad al usuario -y a la sociedad en general- de que el taxista cobrará una tarifa razonable, que responderá en caso de algún incidente, y que alguien ha certificado tanto la competencia del conductor como las condiciones del vehículo.
Sin embargo, las reglas que establecemos como condición para otorgar un permiso o concesión de taxi deben balancearse con las necesidades del público. En muchas ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, la industria de taxis está tan sobrerregulada, que el servicio es escaso y las tarifas son altas. Las autoridades intervienen en todos los aspectos de la operación: Limitan significativamente el número de taxis que pueden operar, detallan cuándo, cómo y dónde pueden recoger pasaje y establecen qué precio deben cobrar por sus servicios. Exigen vehículos grandes y nuevos, requieren equipos costosos -tales como sistemas de geolocalización, o terminales de cobro electrónico- y limitan los tipos de combustible permitidos. Los choferes deben cumplir una larga lista de requisitos, algunos justificables y otros ridículos. Pregúntenle a cualquier taxista en Los Ángeles: Su reglamento los obliga a usar calcetines color negro.
La regulación detallada y estricta tiene aspectos benéficos. Por lo general los taxis en Estados Unidos son seguros, los conductores son confiables, y los vehículos están en buen estado. Sin embargo, el servicio que ofrecen es menos accesible de lo que podría ser. Tan es así que en Boston y San Francisco las empresas de "ride-sharing" (como Lyft y SideCar) -cuyo modelo de negocio es convertir a cualquier persona con un vehículo y un celular en un taxista pirata- están creciendo exponencialmente. ¿Cuál es el reto de las autoridades que regulan los taxis en los Estados Unidos? Encontrar un nuevo balance que permita flexibilizar las reglas, reducir los precios y aumentar la oferta de servicios, sin dejar de proteger el interés público.
El reto en nuestro país corre en dirección contraria. Las reglas que actualmente norman el servicio son demasiado laxas o no se cumplen. En la Ciudad de México al menos, el servicio de taxi está esencialmente de-regulado. Hay un número indeterminado de taxis piratas (¿30, 40, 50 mil?), poca certeza sobre los antecedentes y capacitación de los choferes, y la inspección de las unidades es poco rigurosa. La ausencia del estado explica los frecuentes asaltos y accidentes, pero también la conveniente ubiquidad del servicio y las tarifas relativamente bajas. Quizá la autoridad está consciente de estos beneficios, y lo que parece un caos es en realidad una estrategia efectiva para expandir la oferta de servicio para una población con recursos limitados.
Sin embargo, el buen regulador debe cuidar el equilibrio. Así como en Boston y San Francisco un número creciente de usuarios está dispuesto a asumir los riesgos asociados con un sistema menos regulado -como el que ofrecen las compañías de ride-sharing- en México cada vez más personas están dispuestas a pagar por la tranquilidad que los taxis hoy no pueden garantizar. ¿Cómo? Abandonando el transporte público y adquiriendo un auto.
¿Cuál es el reto que enfrentan quienes regulan los servicio públicos en contextos como el nuestro? Encontrar formas de mejorar los estándares de servicio, sin reducir la oferta ni incrementar mucho los precios. El hueco es enorme, y nuestras ciudades están urgidas de buenas ideas.
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