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Cancelan vigilancia a Congreso de la Unión

Marcha atrás. Se argumentó que por 'cuestiones técnicas, operativas y jurídicas' no fue viable concretar el acuerdo.

Marcha atrás. Se argumentó que por 'cuestiones técnicas, operativas y jurídicas' no fue viable concretar el acuerdo.

AGENCIAS

La Presidencia de la República dio marcha atrás en la contratación de un particular para vigilar el trabajo de los legisladores y cabilderos durante la discusión de las reformas estructurales.

Sin precisar el día que decidió anular el convenio con Jorge Jaime Díaz Basáñez, editor del portal Talla Política, se argumentó que por "cuestiones técnicas, operativas y jurídicas" no fue viable concretar el acuerdo.

Se publicó ayer que ese contrato fue adjudicado de manera directa el 17 de octubre, por 348 mil pesos con IVA incluido, y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

La Presidencia reconoció la intención de adquirir dicho servicio, sin embargo, argumentó que nunca se aterrizó, al considerar que existen "enlaces" con el Congreso, en este caso el exdiputado federal priista Jesús Ramírez Stabros, titular de la Coordinación de Vinculación de Los Pinos, y Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación.

"El hecho de que se haya publicado el contrato en Compranet no quiere decir que se formalizó, porque una vez que se adjudica, la Presidencia tenía un plazo de 10 días para aceptar o rechazar el contrato, y se optó por no contratarlo desde un inicio porque por cuestiones técnicas, operativas y jurídicas no era viable.

"Sí se consideró y se buscaron proveedores y esta persona se registró. Después se decidió que no tenía razón de ser porque se cuenta con un área en la Presidencia y en el Gobierno federal que sí tiene la responsabilidad de tener acercamiento con el Congreso", justificó la Residencia Oficial a través de su área de Comunicación Social, sin dar más detalles de la intención de vigilar el trabajo de legisladores y cabilderos.

PRD: Es espionaje

El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, calificó de bochornoso el contrato que realizó el Poder Ejecutivo de un particular para vigilar a legisladores y cabilderos, al considerar que se trata de una especie de "espionaje".

"Es un tema bochornoso que podemos decir es un espionaje, de tal forma que por esa vía espiar el trabajo legislativo es faltar el respeto a uno de los Poderes de la Federación", dijo.

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