La declaración del gobernador de Coahuila Rubén Moreira, en el sentido de que el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades, es indispensable para acreditar la legitimidad de los gobiernos, es parte de un discurso que es letra muerta en el caso de los ciudadanos de Torreón.
La palabras de Moreira tuvieron lugar en una reunión en la que el pasado lunes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo entrega a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, de un pliego con setenta y nueve recomendaciones orientadas a prevenir y a corregir diversas violaciones a las garantías individuales, cuya atención forma parte de la Agenda Nacional en el materia.
Un botón de muestra sobre la arbitrariedad a la que estamos expuestos los coahuilenses, en perjuicio de nuestra seguridad jurídica que es derecho esencial de todo ser humano, lo encontramos en el proceder de los funcionarios públicos del Municipio de Torreón, sometidos al poder de Moreira. A la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos y a la negativa sistemática a rendir cuentas, se suma el abuso de autoridad en los procedimientos tendientes a recaudar impuestos.
El caso se refiere al cierre de los negocios comerciales instalados en el interior del aeropuerto de Torreón, en que mediante su clausura desde el viernes pasado, según lo declaró anteayer a El Siglo de Torreón el propio Director de Finanzas de la ciudad, las autoridades fiscales del Municipio pretenden que los locatarios presionen a la concesionaria del aeropuerto Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA), para que esta última empresa pague sesenta y cuatro millones de pesos de impuesto predial.
Es pertinente considerar que el propietario del inmueble en el que se encuentra el aeropuerto es el Gobierno Federal y por tanto, sería dicha entidad la obligada a pagar el impuesto predial si fuere el caso. Proceder como lo hace la autoridad Municipal, presionando a los locatarios, viola el derecho a la seguridad jurídica de los propietarios de los negocios clausurados y vulnera la Constitución de la República y los derechos humanos de los comerciantes afectados. Por ese camino, lo que sigue es que el Municipio de Torreón comience a embargar bienes a los arrendatarios de las viviendas, para cobrar el impuesto predial que adeuden los propietarios de las mismas.
La cuestión es que con la clausura de los comercios ni siquiera se presiona a la concesionaria OMA en forma directa, sino a los arrendatarios de los locales respectivos que son ajenos al tema del impuesto predial, por lo que es injusto impedir que operen sus pequeños negocios, con el perjuicio económico que implica para ellos como empresarios, para los empleados que atienden los puestos comerciales y para las familias de todos los involucrados.
Quienes visitan a nuestra ciudad y llegan por vía aérea son agraviados, en virtud de la falta de servicios esenciales para la comodidad de los usuarios del aeropuerto, lo que deteriora la de por sí tan devaluada imagen de nuestra ciudad y región. Debemos tomar en cuenta que el aeropuerto cuyo comentario nos ocupa da servicio a la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango, cuya ciudadanía en su conjunto resulta perjudicada a la postre, con el peso del desprestigio colectivo.
Imaginemos a un viajero que llega a Torreón a hacer negocios, y se encuentra impedido de rentar en el aeropuerto un automóvil para moverse en la plaza o se le dificulte conseguir un periódico del día o una botella de agua. El panorama deprimente de un aeropuerto comercialmente muerto que se ofrece a sus ojos, le obligará a pensar que algo muy grave está pasando en esta ciudad y sería explicable que en ese mismo momento se dé media vuelta y regrese por donde vino.
