Cartas 'desde el infierno'

Son cartas que para muchos fueron escritas desde el "infierno". Su destinatario: La calle de Pino Suárez número 2, sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde despachan los ministros del máximo tribunal del país.

Sus remitentes, personas que se encuentran recluidas en penales de máxima seguridad donde purgan una condena o esperan sentencia por la presunta comisión de algún delito relacionado con el narcotráfico o con la delincuencia organizada.

En hojas tamaño carta -blancas, de rayas y de cuadrícula- estos internos de los centros federales de Readaptación Social (Ceferesos) del Altiplano, Estado de México; Puente Grande, Jalisco, y Villa Aldama, Veracruz, entre otros, han recurrido al acceso a la información como una herramienta a favor de su defensa legal.

Con letra manuscrita o de molde, con lenguaje coloquial o algunos con expresiones propias de un abogado penalista, estos internos han encontrado un medio con el cual defenderse, para así conocer el estado de sus sentencias -ante la negativa de algunos jueces- o adentrarse al mundo de las leyes y saber cómo presentar una demanda de amparo.

Detallan que asumieron su defensa legal de manera personal, primero por falta de recursos económicos y después, por no confiar en los defensores de oficio.

Así, desde sus celdas, se han asumido como un tipo de "abogados autodidactas" que, gracias a la posibilidad que dan los artículos sexto y octavo de la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y un Acuerdo de la Corte, solicitan copias de sus procesos penales, de actas de jueces, jurisprudencias y tesis aisladas, entre otros.

 UNA DÉCADA DE PETICIONES

En 2003, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reglamentó dar atención a las solicitudes de personas privadas de su libertad, sólo recibió 28 peticiones, pero una década después, la cifra se ha elevado de manera exponencial año con año.

En 2004, el número de solicitudes fue de 145; en 2005 se elevó a 183; en 2006 creció a 178; para 2007 se recibieron 192; en 2008 fueron 335; en 2009 disminuyó a 312, pero en 2010 se elevó a 546 solicitudes, y para 2011 se registraron 848.

En 2012, las solicitudes llegaron a mil 83; mientras que hasta octubre del presente año la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido mil 776. (Es decir, 6,243% más que en el primer año).

En una década de este beneficio se han contabilizado 5 mil 626 peticiones de personas en penales, según las estadísticas.

La información que más solicitan estas personas -por lo que hace a tesis aisladas y jurisprudenciales- tiene que ver con delincuencia organizada; delitos contra la salud (narcotráfico); recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero); homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, porque son los ilícitos por los que están acusados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos figura como el instrumento jurídico más requerido hacia la Corte, así como diversas legislaciones.

Le siguen el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales, e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y en materia penal, entre otros.

"Adicionalmente, se les brinda orientación acerca de los servicios que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública y, en su caso, se remiten aquellas solicitudes de personas privadas de su libertad que requieren el apoyo de un defensor de oficio a dicho instituto", señala la Corte.

Además de solicitar copias de leyes o documentos, los internos envían cartas al ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, o al encargado de la Unidad de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para así explicar los motivos de su detención, y su imperiosa necesidad de contar con una copia de leyes y códigos penales para su óptima defensa.

También envían mensajes de agradecimiento, porque con la información que recibieron han mejorado su defensa e incluso ganado algunas causas penales en su contra. De igual modo, solicitan a la Corte ayuda legal para poder presentar un escrito al Presidente de la República, por medio del cual se le conceda el indulto presidencial.

 LOS BENEFICIOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó que entre las acciones emprendidas para las personas privadas de su libertad existen algunos beneficios para los destinatarios de la norma.

Estos son: "La obtención de elementos objetivos que les permitan informarse de una mejor forma acerca de la situación que guarda la causa penal por la cual se les sigue un juicio".

Así como tener mayores elementos que le permitan interactuar con su abogado defensor para que le puedan exigir a éste que desarrolle una mejor estrategia procesal.

Además de preparar una mejor defensa o allegarse de mayores elementos que permitan gestionar beneficios respecto de la pena impuesta, o bien, medios para obtener una disminución de ésta, o incluso su libertad, detallaron en la Suprema Corte.

Quiere saber de prisión preventiva

Su remitente es un preso del Cefereso número 2 Occidente, El Salto, Jalisco. La carta está fechada el 15 de diciembre de 2011.

En su misiva, esta persona, cuyo nombre fue testado (eliminado) por tratarse de un dato personal, explica que fue condenado a 17 años por "un delito contra la salud".Detalla los diferentes momentos de su proceso penal, por lo que requiere algunas jurisprudencias donde pueda estudiar el tema de la prisión preventiva. En una segunda misiva, el interno expresa: "Estoy muy agradecido con usted y con todo el apoyo jurídico que me ha brindado, ya que en base a una jurisprudencia que recibí de esa Unidad de Enlace, fue como gané el amparo directo (número testado)".

El detenido -casi abogado no precisamente por sus estudios, sino por su formación autodidacta- señala que sólo falta que se aplique la prisión preventiva en términos del artículo 25 del Código Penal Federal.

A través de otra carta solicita "jurisprudencias que traten del principio de mayor beneficio al reo", entre otras. Y "ruega" que la información le sea enviada al Cefereso 2 de Occidente.

Plasma sus nociones de historia

"Que el camino venga a su encuentro, que el viento sople siempre a su espalda, que el Sol le caliente la cara, que la lluvia caiga con suavidad sobre sus campos...", así como en una cita bíblica, escribe un reo del Cefereso número 3 de Matamoros, Tamaulipas.

Con lenguaje refinado, el interno describe que durante su detención fue víctima de tortura física y sicológica por parte de los agentes aprehensores. Dice que teme por las amenazas a su "pequeña familia, quienes son mi amorosa esposa y mis dos maravillosos hijos..."

Agrega en tono de la jerga jurídica: "Ahora bien, con la venia de su señoría me permito pedir su eterna comprensión, ya que requiero direcciones de algunas instituciones, oficinas de gobierno para pedir orientación jurídica".

Entre ellas, destacan la Defensoría de Oficio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y Juzgados de Pánuco, Veracruz.

El texto del interno demuestra conocimientos de historia, pues fecha su carta desde la "Heroica Ciudad de Matamoros, Tamaulipas", nombre oficial de esa ciudad fronteriza.

Solicita el indulto presidencial

"Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por medio del presente escrito me dirijo a usted, su señoría, con el debido respeto que usted me merece, para manifestarle el requerimiento de su apoyo, para llevar a cabo una mejor defensa", así inicia la misiva de un interno del Cefereso número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas.

"Le pido su señoría tome en cuenta que me encuentro muy distanciado de mi familia, para ella no es posible adquirir esos libros, debido a que se vería afectada su economía". En otra carta con fecha el pasado 21 de marzo, dice que perteneció a las Fuerzas Armadas, que desde 2010 está sujeto a un proceso penal, en el cual sólo se ha realizado una diligencia, pero ninguna se ha agendado a su favor.

Esa falta de diligencias y desahogo de pruebas a su favor, agrega, incide en detrimento de la garantía constitucional de pronta impartición de justicia.

"Por eso me dirijo a usted C. Magistrado (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de que por su digno conducto se me gestione ante la Presidencia de la República el indulto presidencial", debido a las irregularidades en su proceso judicial.

Se colgó para demostrar su inocencia

La historia del interno del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, es una muestra de hasta qué punto estas personas están dispuestas a arriesgar su vida por una adecuada defensa legal.

Durante su proceso judicial, explica, fue implicado por un "testigo protegido" en presuntos casos de delincuencia organizada. En su carta, dirigida al presidente de la SCJN, dice que fue detenido en 2003, por la investigación iniciada en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos del Estado de México y sentenciado a 25 años.

Dice que según el "testigo protegido", a su llegada como jefe de una corporación policiaca, éste reconoce que se vieron "acorralados" y tuvieron que huir, "lo que está con otras pruebas", por lo que asegura: "Estoy en planes de hacer un proyecto de amparo directo".

Señala que como se lo manifestó a su juzgador de primera instancia que "no iba a cumplir una sentencia, por algo que no había hecho" y cumplió su promesa, pues decidió colgarse "causándome una lesión cerebral por la muerte excesiva neuronal".