Familiares del joven Jethro Ramses Santana, torturado y asesinado en instalaciones de la 24 Zona Militar en mayo de 2011, celebraron el resolutivo de un juzgado federal que dictó auto de formal prisión contra el comandante Leopoldo Díaz Pérez, entonces jefe de la base militar.
Al mando castrense se le imputan cargos por delitos cometidos por servidores públicos, pero enfrentará su proceso penal en libertad ya que cuenta con un amparo contra "órdenes de retención, citación, comparecencia, aprehensión y detención y cumplimiento de dichas órdenes", libradas por el juzgado primero de Distrito, con sede en Cuernavaca.
Díaz Pérez deberá acudir al juzgado para firmar el libro de Gobierno en tanto concluye el juicio penal y se determina si tiene o no responsabilidad directa en el homicidio.
Héctor Sánchez, padre de la víctima, se alegró por el acuerdo judicial e instó a las autoridades a llegar hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables del homicidio del joven que contaba con 27 años de edad.
Jethro fue detenido por la policía municipal el 1 de mayo de 2011, en la Feria de Cuernavaca, luego de participar en una riña con meseros del lugar. Presuntamente, dice el parte policial, el joven se dijo integrante del crimen organizado y por eso lo entregaron a la Policía Federal y éstos lo dieron a los militares. Enseguida lo llevaron al 21 Batallón de Infantería donde perdió la vida.
A Jethro los militares lo recibieron de manos de la Policía Federal alrededor de las 18:30 horas, de acuerdo con la carpeta SC01/3782/2011 de la Procuraduría General de Justicia de Morelos y donde se precisa que el muchacho y su compañero, Horacio Hernández Demesa, fueron acusados de ostentarse como integrantes del Cártel del Pacífico Sur y por eso los entregaron a los policías federales quienes, a su vez, llamaron a los militares.
Horacio Hernández fue liberado un día después en la zona sur del estado. Durante 60 días el comandante de la 24 Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, deslindó a los soldados del 21 Batallón de cualquier acción irregular. Ante los tribunales civiles y el Congreso de Morelos negó la detención de Jethro por personal castrense, rechazó la posesión de un vehículo oficial con la matrícula que dieron testigos de los hechos, así como el traslado del joven de 27 años a las instalaciones oficiales.
El 25 de junio, la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) recibió la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/312/V, procedente del Ministerio Público Federal e inició sus propias investigaciones. Durante cinco días realizó entrevistas entre los soldados del 21 Batallón de Infantería, revisó las unidades que se utilizaron la noche del 1 de mayo, examinó los talleres de carpintería y herrería y cuatro días después había detenido a dos soldados como responsables de tortura, homicidio calificado e inhumación clandestina.
La PJFM se llevó a los detenidos al campo militar número 1, donde confesaron la forma en que recibieron al joven, cómo lo trasladaron e interrogaron en el 21 Batallón. Dieron detalles del momento en que se convulsionó y los intentos que realizaron los soldados de Sanidad para evitar su muerte y además revelaron el sitio donde sepultaron a su víctima.
El 8 de julio, el Juez Quinto Militar dictó formal prisión contra los soldados Edwin Raziel Aguilar Guerrero y José Guadalupe Orizaga y Guerra, acusados de violencia, tortura, homicidio calificado e inhumación clandestina contra Jethro.
Los delitos de violencia contra las personas y tortura fueron fincados en agravio de Horacio Hernández.
