En la colaboración anterior mencionábamos que en México hay dos grandes obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía o el desarrollo de procesos de ciudadanización, por un lado, la alienación ideológica sobre la que ya referimos, y por el otro, el corporativismo sociopolítico que comentaremos en esta ocasión.
El corporativismo sociopolítico es un fenómeno más propio de la formación de los Estado modernos, particularmente aquellos que transitan de monarquías absolutistas a democracias representativas, en cuya transición enfrentan los problemas propios de construcción de hegemonías que legitimen a las nuevas élites gobernantes, es decir, buscan que el acceso al poder de éstas tenga aceptación entre la mayoría de la población, sobre todo de aquella que las elige mediante el voto.
En este proceso de elección juega un papel clave la alienación ideológica, pero también el establecimiento de mecanismos de control por parte del Estado sobre los organismos de la sociedad civil, a los cuales corporativiza, entendiéndose por esto que los convierte en una extensión del cuerpo del aparato estatal, subordinándolos a él y limitando su autonomía al momento que su capacidad de expresión y decisión se sujeta a la voluntad política centralizada de las élites que ejercen el poder del Estado.
Quizá la manifestación histórica moderna más aberrante de la conjunción de la alienación ideológica y el corporativismo sociopolítico lo constituya el fascismo, donde se restringen los espacios de expresión de los ciudadanos impidiendo o reprimiendo cualquier ejercicio de ciudadanía o proceso de ciudadanización, incluso por medio coercitivos. Aunque otros han ocurrido en los países del entonces llamado socialismo real y en las dictaduras autoritarias de países en desarrollo.
Pero también algunos Estados no fascistas han desarrollado y establecido sus modalidades propias de estos conceptos. Es el caso del Estado Mexicano moderno que surge de la revolución de inicios del Siglo XIX, donde las élites políticas emergentes construyeron una ideología basada en el nacionalismo revolucionario, y las que acceden al poder a fines de la misma centuria reinventaron el neoliberalismo. Sin embargo, el corporativismo sociopolítico perduró y no sólo fue un factor que impide el desbordamiento social derivado de la quiebra del estado y las recurrentes crisis económicas, sino también aseguró la permanencia en el poder de dichas élites.
El corporativismo sociopolítico en nuestro país también ha sufrido procesos de desgaste, sobre todo en aquellos segmentos de la sociedad afectados por el adelgazamiento del aparato estatal promovido por los neoliberales y las mencionadas crisis que afectaron la estructura ocupacional en que se basaban y los ingresos que percibían, estratos sociales que se ubicaban dentro de una clase media cada vez más mermada, pero persistió en gran parte de la población obrera de las ciudades y campesina en los espacios rurales, a los cuales se agregan amplios sectores de desempleados y subempleados que conforman el conglomerado de pobres que a su vez extendieron la función corporativa del Estado a otra de carácter clientelar.
El corporativismo sociopolítico tampoco fue trastocado por la alternancia conservadora, cuyos gobiernos abandonaron su espíritu ciudadano de origen y más que ciudadanizar la política, navegaron coexistiendo con las estructuras del viejo régimen, en tanto que éste se repliega a las entidades federativas y desde ellas se reconstruye para recuperar el poder central.
De esa forma, en tanto que el aparato estatal mantenga de manera dominante esa extensión corporativa de los organismos de la sociedad civil, el ejercicio de la ciudadanía se ve limitado a aquellos individuos o formaciones asociativas que actúen con una autonomía relativa del poder del Estado, no necesariamente conflictuados con él, pero sí con la capacidad de gestión y decisión propia e inherente a una sociedad democrática, e incluso, desarrollar procesos de ciudadanización institucionalizados como sucede con el IFE o el IFAI, con los riesgos que esto ha implicado.
Ciertamente, tales ejemplos nos denotan la capacidad del régimen político de impedir o limitar la gestión ciudadana autónoma que desarrollan estos organismos con respecto a las instituciones del Estado, incluyendo los partidos políticos, donde se denota que persiste una subcultura democrática entre las élites del poder de reconocer que ciertas funciones no han sido ejercidas debidamente como la gestión de los procesos electorales y la transparencia del ejercicio del poder, y que por eso se ciudadanizaron. Aún así, los procesos de ciudadanización deben de continuar de manera pacífica como un ejercicio democrático y los ciudadanos deben oponerse a que, en tanto procesos de expresión y acción autónomos, se criminalicen o sufran represión de todo tipo, riesgo que parece estar presente ante la radicalización de algunos sectores sociales excluidos durante la restauración del viejo régimen.
Finalmente, la ciudadanización de los procesos que ocurren en diversos ámbitos del llamado espacio público obedecen, en gran parte, a un déficit de gestión gubernamental y no constituyen crimen alguno, ya que al ejercer un contrapeso en el ejercicio del poder público fortalecen a la sociedad civil a la cual dotan de nuevas estructuras que contribuyen al desarrollo democrático del país.
Por ello la crítica propositiva y la acción ciudadana, individual o colectiva, sobre los asuntos públicos deben también contribuir a reconstruir el paradigma ideológico alienado vigente para dotarlo de un mayor espíritu ciudadano, a la vez de crear nuevas estructuras sociales que respondan al interés ciudadano.
