Explicación. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, durante conferencia de prensa.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que el indebido actuar de los servidores públicos de la PGR en el caso Cassez no sólo provocó la libertad de la francesa sin determinar su responsabilidad penal, aunado a ello dejó en indefensión a los agraviados y la sociedad fue engañada.
"Fue liberada una persona no por ser inocente de la comisión de un delito, sino porque servidores públicos en lugar de proteger, auxiliar y hacer debidamente su trabajo en beneficio de la justicia, pervirtieron con sus acciones el proceso y eso ocasionó una violación al debido proceso que generó como consecuencia la liberación.
"Una buena parte de las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia es que quedó bien claro que hubo un engaño a la sociedad en general. Se limitó el derecho efectivo a la justicia de las víctimas, quienes quedaron en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad", remarcó.
Al presentar el informe especial del caso, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que aún cuando la Corte exhibió el montaje, la PGR insiste en mantener una falsa versión de los hechos.
"La información que nos fue proporcionada resulta diametralmente opuesta a las conclusiones a que llegó la SCJN, esto es, fue negado que hubiera sido detenida de manera indebida alguna persona, fue negado que se hubiera escenificado algún operativo correspondiente, lo cual inclusive en su momento fue avalado por un juez federal y por magistrados".
"Pero los argumentos que fueron aportados por la autoridad eran totalmente contrarios a la realidad que la SCJN logró establecer en su fallo de este año", dijo.
Plascencia Villanueva denominó como "efecto corruptor" el encubrimiento de la Procuraduría y se pronunció por que la dependencia corrija los errores en aras de perfeccionar sus procedimientos y cumplir con su misión institucional.
ALISTA CNDH QUEJA CONTRA GARCíA LUNA Genaro García Luna, execretario de Seguridad Pública, y al menos otros 20 servidores públicos tendrían que responder penal y administrativamente por las irregularidades cometidas durante la detención de Florence Cassez.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, anunció ayer que esta semana el organismo interpondrá ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia y una queja para que se investiguen las acciones del operativo policiaco del 9 de diciembre de 2005 en donde se detuvo a la francesa.
Sin dar a conocer nombres, arguyendo el principio de presunción de inocencia, el funcionario indicó que los funcionarios incurrieron en omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia lo cual derivó en una violación al debido proceso.
"Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales.
"De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando, la permitieron y convalidaron.
"Entre ellos el entonces titular de la AFI (García Luna), el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de operaciones Especiales", sostuvo.
