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Coahuila es segundo en mayor subejercicio

Agencias

Coahuila es la segunda entidad con un mayor subejercicio, con 52 por ciento, lo que representa 105 millones 178 mil pesos no utilizados. Hidalgo tiene un subejercicio de 45.7 por ciento, es decir, 81 millones 521 mil. Otros estados con atrasos de entre 30 y 40 por ciento son Zacatecas, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán.

Los 31 estados y el Distrito Federal subejercieron mil 931 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en el año 2011.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, los estados no ejercieron en su totalidad los recursos a pesar de que contaron con una reprogramación de los montos.

En la revisión de los recursos asignados y ejercidos se detectaron distintas irregularidades, como la aparición de varias cuentas bancarias, la falta de comprobación de los recursos gastados así como posibles desfalcos al erario.

En 2011, el Gobierno federal destinó seis mil 939 millones de pesos como parte del FASP para la implementación de programas en materia de seguridad, como son: capacitación del personal, adquisición de armas, sistema penitenciario, apoyo a la ciudadanía, así como combate a la corrupción.

Los estados contaron con 12 meses para ejercer los recursos; sin embargo, la revisión de los montos entregados y ejercidos en 2011 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arroja que las entidades reportaron un subejercio de mil 931 millones de pesos.

La revisión de la ASF a cada una de las entidades indica que Guanajuato es el estado que más subejercicio tiene, ya que hasta marzo de 2012 faltaba por ejercitar 52.8 por ciento de los más de 260 millones de pesos que se le asignaron, lo que equivale a 137 millones 439 mil.

La única entidad que casi cumplió en su totalidad es Colima; reportó 99.9 por ciento cumplimiento.

Entre los motivos por los que los estados no ejercieron en su totalidad los recursos está que los gobiernos tuvieron una "inadecuada planeación de las acciones a realizar", por "procesos burocráticos muy largos, tanto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como al interior del estado", así como la falta de un comité de compras.

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