Inicio con estas preguntas, ¿Realmente se aprobó una reforma educativa? Y ¿Por qué no se hizo una consulta pública al menos?
Mi discernimiento hacia la primera pregunta es, que no hay una reforma educativa, es más parecida a una reforma laboral y administrativa, disfrazada para arrancar al SNTE la conducción a la educación pública, y hacer que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo. Recuerden que darle todo el poder a un Estado es peligroso, tanto como "no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre"
Algunos lo consideran una copia de modelos de otros países que no está acorde a la realidad de nuestro sistema educativo, otros lo ven como el primer paso a una privatización del sector educativo, lo que es claro es que podemos ver la falta de continuidad a los proyectos, cambios que se hacen por las administraciones federales.
¿Cómo aterrizó esto a Coahuila? Sencillo, aquí vivimos y las decisiones nacionales también afectarán a nuestro Estado, y creo entender que al menos tenemos el derecho a fijar nuestra postura libremente.
Evaluar a los maestros de acuerdo al rendimiento de sus alumnos es peligroso, porque entonces podemos llegar a sufrir la falsedad de calificaciones, por temor de los profesores a despidos, y ahora sí ¿cuál sería nuestro destino? La educación pública no es igual a una empresa privada, donde los resultados de los trabajadores sostienen a un gerente.
Es importante informarnos sobre este tema, porque es cercana esta reforma, y no se ha dimensionado correctamente los cambios que está traería. Los que alguna vez cursamos nuestros estudios en escuelas públicas y apreciamos a uno o varios profesores, creo que tenemos el deber moral de informarnos, y los más comprometidos, al menos a no dejar pasar como situación ajena los momentos que están viviendo, porque ellos como nosotros merecen una vida estable para su familia, quédese claro con esto, estable, no comodina.
Sé que se requieren cambios educativos y los apoyo, pero no veo sincero que en nombre de la autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares, siendo ésta la antesala a una privatización.
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