Entre las cualidades mínimas que se pueden esperar de un gobierno se encuentra la consistencia. La Real Academia de la Lengua Española define este concepto con tres palabras: duración, estabilidad, solidez. La consistencia permite que aquello que se fija como meta sea conseguido a través de estrategias coherentes y congruentes. Así, todas las áreas de una administración pública trabajan con un mismo fin, el cual -en teoría- debe coincidir con el objetivo máximo del ejercicio político: la búsqueda del bien común. Con esta perspectiva, los ajustes deben estar en función del objetivo y no del capricho o la ocurrencia de los encargados de trazar la ruta para alcanzarlo.
Bajo esta óptica, en el primer sexto de su período el gobierno de Rubén Moreira no ha mostrado consistencia en su actuar ni en su decir. En el plano más superficial, la retórica propagandística, la administración estatal ha cambiado en poco más de un año tres veces de lema. Primero fue el anhelo de la felicidad por decreto: "Coahuila… ¡aquí se sonríe!" Hasta una canción se compuso con esta frase. Luego del rechazo generalizado, motivado por los fuertes problemas de seguridad y endeudamiento que afectan a la entidad, se intentó posicionar dos nuevos lemas: "El gobierno de todos" y "Coahuila, un estado fuerte". El primero recordaba demasiado a la frase que escogió el autoexiliado exgobernador Humberto Moreira para definir a su administración: "El gobierno de la gente". El segundo iba en contrasentido a lo que la mayoría de la población percibía: un estado débil frente a la delincuencia, la corrupción y la deuda. Finalmente, dos meses antes del primer informe se acuñó una nueva frase: "Coahuila, una nueva forma de gobernar". La intención, ahora, es la de desligarse, marcar distancia de la cuestionada administración Moreira-Torres que es, guste o no, progenitora de la actual.
Pero los constantes cambios de lema no son más que el síntoma de inconsistencias más graves y profundas. El tema de la seguridad es, sin duda, el más sensible. En un año, el gobierno de Rubén Moreira ha modificado radicalmente dos veces su esquema de combate a la delincuencia. Recibió como parte de la negra herencia de su hermano una Fiscalía General del Estado que concentraba las labores de procuración de justicia y seguridad pública bajo un mismo mando. Los nulos resultados en la disminución de los índices delictivos y las fuertes sospechas de infiltración y colusión con el crimen organizado hicieron inviable su continuidad. El gobernador decidió regresar al modelo bicéfalo, es decir, separar a la Procuraduría de Justicia de la Secretaría de Seguridad. Luego de la renuncia de Jorge Luis Morán a la titularidad de esta última institución, días después de la fuga masiva de reos y el asesinato del sobrino del gobernador, y con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, el jefe del ejecutivo estatal optó por dar un nuevo viraje para adoptar el modelo anunciado por el mexiquense. La Secretaría de Seguridad Pública desaparece para convertirse en una institución subordinada a la Secretaría de Gobierno.
Contrario a lo que sostiene el discurso oficial, estos cambios no son meros ajustes con miras a mejorar los resultados. Parecen más bien los tumbos de una administración que no atina a encontrar el rumbo hacia la construcción de la seguridad. Y en el ir y venir de instituciones, nada se ha informado sobre qué fue lo que pasó dentro de ellas y quiénes son los responsables de su fracaso evidenciado en la estadística. Según los datos disponibles en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2011 a 2012 el promedio mensual de robos en Coahuila aumentó 4.9 por ciento; el de lesiones dolosas, 3.6 por ciento, y el de homicidios dolosos, 18.1 por ciento.
Otro asunto que demuestra la falta de consistencia del gobierno actual es la inconstancia de las personas que integran el gabinete. En 13 meses, más de 10 funcionarios de primer nivel han sido sustituidos, por diversas razones. Áreas importantes como Infraestructura, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Seguridad y Desarrollo Económico han cambiado de cabeza una y hasta dos veces. Y los criterios para nombrar a los sustitutos no parecen los más profesionales, pues en varios casos se ha dado el simple enroque de piezas como si los funcionarios fueran especialistas en cualquier asunto de gobierno. Y ya se anuncian más relevos. El diputado local Rodrigo Fuentes sustituirá al actual secretario de Desarrollo Social, Miguel Riquelme, quien a su vez dejó la Secretaría de Gobierno para remplazar a Martha Laura Carranza. Riquelme participará en el proceso interno de su partido para elegir al candidato a la alcaldía de Torreón.
Sobre este último hecho, viene al caso recordar que, a propuesta del gobernador, la Ley Orgánica del Estado de Coahuila fue modificada para que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social no pudiera contender para un cargo de elección popular sino hasta después de un año de haber ejercido el puesto. El argumento era "despejar sospechas" sobre el posible aprovechamiento de la posición privilegiada del titular para construir una candidatura. La mayoritaria fracción priista del Congreso local, que hace lo que el gobernador dicta, eliminó en agosto esta restricción y hace uno días, en el arranque de los programas sociales en Torreón, Rubén Moreira "destapó" a Riquelme como aspirante a la alcaldía. Poco más de un año le bastó al mandatario estatal para cambiar su postura. Nuevamente la inconsistencia.
Hay otros ejemplos de esta falta de solidez y coherencia, como el hecho de que el gobernador organice giras al extranjero para motivar a inversionistas a venir a Coahuila y así detonar el crecimiento económico y la creación de empleos, cuando a los proveedores de bienes y servicios del gobierno estatal -entre ellos los constructores- no se les ha pagado lo que se les debe desde la administración anterior, afectando así cadenas productivas y propiciando incluso el cierre de empresas.
Pero llama la atención que esa consistencia que el gobierno de Rubén Moreira no demuestra en sus principales acciones de gobierno, sí la tenga en el tema de la deuda de 36 mil millones de pesos que nos dejó la administración de su hermano. Y es que desde el primer día, el gobernador ha asumido la omisa y condescendiente postura de hacer olvidar el asunto, de "darle vuelta a la página", de no intentar explicar cómo fue que se llegó a ese nivel de endeudamiento y de no castigar a los responsables. La semana pasada, a colación del cacareado cambio de perspectiva en la calificación de las finanzas del estado, el gobernador dijo que Coahuila "ya no está en el tema de la deuda". ¿De veras? ¿Aunque 18 mil millones de pesos hayan sido solicitados sin autorización del Congreso, y al menos 5 mil millones contratados con documentos falsos? ¿Aunque existan investigaciones en proceso en la Procuraduría de la República? ¿Aunque 18 mil millones de pesos no estén explicados en las cuentas públicas? ¿Aunque ningún exfuncionario haya sido castigado? Por lo visto, la lealtad no se ha movido. Aquí no hay inconsistencia. Proteger a los allegados importa más que responder a los ciudadanos.
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