El Gobierno de Sonora develó que 12 funcionarios estatales alteraron documentos para liberar a 5 reos peligrosos, cobrándoles más de $1 millón a cada uno.
Ante esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fueron detenidos nueve funcionarios. En conferencia de prensa el titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, explicó que a estas personas ya se les dictó auto de formal prisión y que tres más aún están prófugas.
Los exempleados de dicho penal, adscritos a las áreas jurídica y de seguridad, planearon y diseñaron un esquema para que los internos considerados de alta peligrosidad salieran libres a cambio de la entrega de dinero.
Los detenidos son el exdirector general jurídico del Sistema Estatal Penitenciario, Gastón Walterio Walters Padilla, así como los exauxiliares jurídicos Jesús Francisco Cabrera Ramos, Rodolfo Leonardo Barceló Moreno, David Robles Santacruz y Gerardo Sandoval Lara.
Además, el exjefe de ayudantía del Centro de Readaptación Social Hermosillo I, Felipe Reyes Robles; el jefe de grupo del penal, Ramón Jesús Mendivil Valenzuela y los oficiales de seguridad Guadalupe Valenzuela López y José Guadalupe Norzagaray.
El fiscal estatal refirió que aún no son detenidos el subdirector jurídico del penal Hermosillo I, Iván Rafael López Tarazón; el exauxiliar jurídico, Jesús Mendoza Alegría y el exoficial de Seguridad, Francisco José Núñez Ruiz.
Recordó que son en total cinco los reos del fuero común que fueron liberados del reclusorio Hermosillo I, a través del pago de dinero y la falsificación de documentos por la alteración del Sistema de Registro de Sentenciados y Procesados.
Los reos que habrían pagado al menos un millón de pesos por obtener su libertad con documentos falsos entre agosto y noviembre del año pasado, son José Elías Mendívil Silva, Luis Enrique Valdez Valenzuela y Alejandro Rodríguez Palomares. También, John Jairo Acevedo y Thelmo Reyes Palacios, de nacionalidad peruana, quien fuera el último que salió el 2 de noviembre pasado.
Valdez Valenzuela, quien salió de la prisión el 17 septiembre del año pasado, fue recapturado en diciembre en el municipio de Navojoa, al sur de la entidad, mientras que los cuatro internos restantes siguen prófugos.
Los delitos que cometieron los exfuncionarios del Sistema Estatal Penitenciario son evasión de presos, falsificación de documentos en general, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho.
Navarro Sugich destacó que el gobierno de Sonora no permitirá la corrupción en ninguna modalidad y subrayó "la inquebrantable disposición para cuidar la tranquilidad de los sonorenses".
