El pleno de la Cámara de Diputados fijó el pago de derechos a las compañías mineras en 5% de sus utilidades, a fin de beneficiar a 26 gobiernos estatales y 612 municipales.
El proyecto de decreto con cambios a la Ley Minera y la Ley Federal de Coordinación Fiscal expone las materias de inversión pública a las que se etiqueta esa recaudación local en favor de centros escolares, pavimentación y mantenimiento en las calles y caminos locales.
Los derechos en favor de las localidades que pagarán las compañías mineras, con base en los cambios aprobados en San Lázaro, irán a un fondo general de participaciones en el que ingresarán 30% de los recursos marcados como regalías.
El 70% irá en partes iguales a las entidades federativas y los municipios con actividades mineras, de acuerdo con las reformas a la Ley Minera y a la Ley de Coordinación Fiscal. Otros usos etiquetados para la bolsa de derechos mineros, son destinarlos a alumbrado público, relleno sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua, obras urbanas y de transporte masivo.
En el dictamen de esta reforma que pasa al Senado, la Comisión de Economía dice que se trata de un cambio a la legislación con sentido de justicia y de gran relevancia.
Con base en información de la Secretaría de Economía, la industria extractiva en México generó en 2011 una producción con valor de 20 mil 148 millones de dólares.
Lourdes Quiñones (PRI) argumentó que con la reforma se pretende dar por terminada "la terrible paradoja de tener empresas boyantes, en regiones donde la pobreza y la desigualdad son las características de sus pobladores".
