Después de una larga sesión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la que, duramente cuestionado por los diputados del PAN y del PRI, perdiendo el apoyo de los del PRD, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del D.F, Luis González Plascencia, prefirió retirar su candidatura para reelegirse para una segunda etapa y renunciar.
Ayer jueves se cerró la inscripción para candidatos al puesto de presidente. Éstos serán entrevistados por los Asambleístas, dos tercios de los cuales elegirán al que ejercerá ese puesto hasta el año de 2018. Los del PRD intentaron, sin éxito, que para la elección bastaran dos terceras partes de los presentes.
Fundada en 1993, la Comisión del Distrito Federal tuvo al Dr. Luis de la Barrera como su primer Presidente, le sucedió Emilio Álvarez Icaza, quien a su vez entregó el cargo al licenciado Luis González Placencia.
De acuerdo con su Ley, la Comisión tiene a su cargo la protección, vigilancia, estudio, promoción de los derechos humanos en el Distrito Federal. Su función medular está en recibir quejas de los ciudadanos e investigar las violaciones cuando éstas sean imputadas a alguna autoridad o servidor público.
El tema de los derechos humanos es permanente y su respeto es índice del avance cultural de toda comunidad. Las turbulencias citadinas, no sólo en la capital de la República, sino en casi todas las poblaciones del país, han puesto a los derechos humanos en las primeras planas de la atención pública. La interpretación que se les ha dado y la manera como ha servido para excusar la acción de la autoridad llamada a frenar los abusos que se cometen en su nombre, hará pensar mucho a cualquiera que responsablemente desee encabezar la Comisión.
México vive desde hace varios años la dura consecuencia de tener un discurso parcial de derechos humanos. Si bien se enseña en las escuelas que en el respeto a los derechos humanos está la tranquilidad y solidaridad de la comunidad nacional, no hay por otra parte, mención alguna sobre los deberes que esos valores imponen a la ciudadanía para su vigencia.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es por donde pudiera echarse a andar una campaña nacional para concientizar sobre las obligaciones y los deberes que a cada ciudadano corresponde cumplir.
La vida diaria en la capital de la República, área de responsabilidad de la Comisión, se ha convertido en siniestro resumen de agresiones a la seguridad y dignidad individual. La violencia familiar o la que brota espontáneamente entre grupos, se derrama fuera de control a las plazas bajo la menor provocación. El ambiente de tensión cunde cuando se enfrentan los que quieren que impere su derecho a toda costa y por encima de todo a los que alegan lo mismo.
La defensa de los derechos humanos como pretexto para cometer abusos y arrasar con los de otros ciudadanos o hasta los de la comunidad misma, es una distorsión que exige ser controlada sin titubeos, mediante los instrumentos con que cuenta la autoridad.
El que las autoridades de la ciudad se nieguen a poner orden en el caos callejero con que las turbas las reta, niega la esencia misma de su obligación de hacer respetar los derechos individuales que son atacados diariamente.
Este tema que no puede soslayarse en aras de evitar enfrentamientos rudos y seguramente costosos con una realidad que tiene que ser resuelta con energía. La Comisión de Derechos Humanos del DF tiene mucho que decir sobre todo esto. Hasta ahora no ha dicho ni hecho nada para desautorizar los desmanes o dar argumentos para una acción oficial firme de contención. Las razones pueden estar en las simpatías o, peor aún, en la tácita coincidencia con la intención de desestabilizar el sistema económico y político que nos rige. La cuestión ideológica está en el fondo.
La Comisión se encuentra en una coyuntura importante. 29 candidatos inscritos de todas clases y procedencias se postulan para presidirla. La lista incluye a los que llanamente declaran aspirar al cargo para promover sus propios intereses sectarios y excluyentes. Lejos de proponer tesis de unidad ciudadana, sus intenciones son revanchistas. Entregar la presidencia de la Comisión a individuos ajenos a una visión equilibrada de la sociedad, de características hasta extravagantes, sería un peligroso desacierto.
La independencia política de la Comisión está a la base de su problemática. Comienza, desde luego, con el hecho de que la elección del presidente está sesgada; desde el momento en que emana de una Asamblea Legislativa dominada por el PRD. Dada su actual composición, es difícil que quien resulte electo no se haya comprometido de antemano con dicho partido. Quien se hayan inscrito como candidato y que tenga un pensamiento humanista, ofrece una posibilidad de equilibrar el curso de la Comisión.
La Constitución de Nicaragua, por cierto sandinista, declara que toda persona tiene deberes con la familia, con su comunidad, su patria y con la humanidad. La nuestra en su artículo cuarto sólo habla de derechos. Aquí está el germen de las tensiones que vivimos.
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