Transparencia. Los ciudadanos deben conocer en qué se utilizaron los recursos públicos.
A casi 10 años de que Durango abrió la puerta a la transparencia, pocas cosas han cambiado; todavía hay pendientes que no hacen efectivo el derecho a la información pública que la Constitución otorga a los ciudadanos.
Y es que, aunque en el discurso todos están a favor de una mayor transparencia, esta voluntad no se ha trasladado a la realidad a través de la aprobación de la Ley de Archivos, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de propiciar la rendición de cuentas y el incremento, o por lo menos aplicación de sanciones a los sujetos obligados que se resisten a proporcionar información.
PRESUPUESTO
Aunque se le dieron más atribuciones con el cambio de Comisión a Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), en el 2014 este organismo tendrá un incremento presupuestal mínimo de 300 mil pesos, lo que a decir de su titular Alejandro Gaitán Manuel, apenas alcanzará para el aumento salarial de los trabajadores.
En este sentido, el presupuesto pasó de nueve millones 323 mil 606 pesos a nueve millones 603 mil 314 pesos. Esto pese a que, por los cambios que se hicieron a nivel nacional, el Instituto tendrá que trabajar el próximo año en la protección de los datos personales de los ciudadanos además de que se tendrán que asumir las responsabilidades en cuanto a conservación de archivos.
"Si precariamente podíamos realizar algunas actividades con el presupuesto de este año, no podemos contentarnos sino exclusivamente con venir realizando si acaso lo mismo que hicimos", manifestó el consejero presidente del IDAIP.
De los cuatro organismos autónomos existentes, el IDAIP es el de menor presupuesto, pese a que en la revisión de las Cuentas Públicas 2012 dio muestra del estricto manejo del gasto al salir "limpio" de observaciones.
SIN LEY DE ARCHIVOS
Adicionalmente, Durango todavía no cuenta con una Ley de Archivos que garantice de forma efectiva el acceso a los documentos que están en poder de los sujetos obligados.
Esto pese a que los diputados que conformaron la pasada Legislatura del Congreso se comprometieron a aprobarla, e incluso, ya estaba listo el dictamen. Al final, se heredó como pendiente a la actual Legislatura.
Solamente seis de los 112 sujetos obligados que deben poner a disposición de los ciudadanos la información pública que manejan a través de su portal, tienen un cien por ciento de cumplimiento. El resto no acata la obligación de publicar los datos.
En este sentido, los partidos políticos lejos de poner el ejemplo, destacan en opacidad; siete de los ocho partidos que tienen registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), están reprobados en materia de transparencia, más aún, cinco de ellos no aprueban los lineamientos y obtienen cero en la última evaluación que hizo el IDAIP. Pese a ello, ninguno ha sido sancionado.
Las sanciones van de los 25 a los 250 salarios mínimos, es decir, un máximo de 15 mil 345 pesos, y muchas veces las autoridades prefieren pagar la multa que dar la información. Ante ello, de manera reiterada se ha expuesto la necesidad de que se le dé al Instituto mayores atribuciones para la aplicación de sanciones, petición que ha sido ignorada por los legisladores, complaciendo a los sujetos obligados que permanecen en la opacidad.
Ciudadanos vigilantes
Con la reforma constitucional que se hizo recientemente en Durango, se dio la pauta para poder concretar una legislación de avanzada en la entidad en materia de transparencia, ya que se plantearon aspectos incluso mejores a los que se están proponiendo para la Constitución federal.
Así lo manifestó Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien este 2013 visitó Durango y comentó que la ciudadanía debe estar muy pendiente para que la ley responda realmente a lo que ya está establecido.
