Misión cumplida. A descansar, querido Chema.
Las palabras, de tanto usarlas se desgatan, su significado se deslava, se diluye. Las expresiones son múltiples. Los hombres pasan -decimos- las instituciones quedan. Debemos institucionalizar xyz... Los hombres se corrompen las instituciones no... Sin embargo, es muy frecuente toparse con desplantes que desnudan como la legalidad no es la piedra angular en el pensamiento y actuación de muchos dirigentes. Desde hace tres décadas se viene insistiendo en que la cultura de la legalidad en México es muy débil. Distintos estudios lo demuestran, quizá el más reciente la ENVUD de Banamex-FEP 2010, el cual muestra de nuevo ese problema. Hay un porcentaje significativo de la población que considera que las leyes se pueden violar cuando uno está de acuerdo con ellas, (18.9%) o que hacerse justicia por propia mano es correcto, (17.5%) y en parte 24.5%.
En un país con un bajo nivel de escolaridad y con una lánguida formación ética en las escuelas, los alarmantes porcentajes tienen explicación. Pero el problema va más allá, tampoco los cuadros gobernantes muestran reflejos consistentes en defensa de la vida institucional. Lo acabamos de ver en conflictos muy recientes, en la toma de protesta el 1 de diciembre, en la Universidad de la Ciudad de México, en la UNAM, en el bloqueo de carreteras por maestros, en el secuestro de personas y retención de vehículos en Michoacán. Los sucesos no se detienen por el contrario, parecería que se encadenan y alimentan unos a otros en distintas entidades del país, Guerrero, Michoacán, Morelos y ahora un brote de guardias de autodefensa en Milpa Alta, en plena capital de la República.
Estamos perdiendo capacidad de asombro. Hace unos días, de nuevo en Michoacán, miembros del Ejército fueron retenidos por una comunidad. Increíble. La desconfianza popular hacia los cuerpos de Policía tiene una razón de ser, muchos de ellos han sido desde hace tiempo cómplices de la delincuencia o están infiltrados por el narco. Ahora ciertos grupos de autodefensa operan como mascarada del mismo narco. La mezcla de elementos es muy perniciosa. El caldo de cultivo está allí. Por supuesto que en toda institución hay descarriados, el caso del exministro y expresidente de la Corte Góngora Pimentel es emblemático de cómo la descomposición ética no respeta territorio alguno. Pero insisto, no debemos perder capacidad de asombro.
Un grupo de delincuentes secuestra en Oaxaca a dos niños durante dos meses. Los mantiene en condiciones infrahumanas. Se logra su liberación y aprehensión de los plagiarios en un complejo operativo. Dos de ellos son maestros y dos más cercanos a la CNTE. Una mujer es candidata a alcaldesa por el PRD. Todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero todo indica que la consignación está sustentada. Sin embargo la Sección 22 de la CNTE emite un acuerdo en el que exige al Gobierno Federal "...la liberación inmediata y sin condiciones de los compañeros". Se convoca a múltiples marchas y se emprende una campaña para recaudar fondos para el litigio. Si se cometió una injusticia la organización sindical tiene todo el derecho de emprender acciones jurídicas de defensa. Lo que resulta inaceptable es que la organización sindical brinque de inmediato a la extorsión política sin ningún asomo de duda sobre la posible responsabilidad de sus "compañeros".
La CNTE, como cualquier organización sindical, es un actor político del estado mexicano y su primera responsabilidad es defender al estado y no a sus "compañeros". El PRD se deslindó de su candidata a alcaldesa, pero no con el volumen que el caso merecía. Insisto, delincuentes y criminales hay en todas partes, en los sindicatos y en los bancos, en las empresas estatales y privadas, en todos los partidos, en las policías y en las Fuerzas Armadas e incluso en las iglesias, no olvidemos a Maciel y sus "compañeros". Nadie se libra, ni la SCJN. Pero lo intolerable es que los dirigentes de las instituciones no se comporten de manera institucional. Es como si los actuales ministros salieran a defender al exministro.
Los coqueteos o el apoyo franco a la ilegalidad deben ser exhibidos y denunciados en automático y sin concesiones. Por arriba de la ley no hay causa que valga, ya vimos las consecuencias con la ETA o las FARC. La pedagogía de la legalidad lo exige: rechazo total a la ilegalidad. La solidaridad con los "compañeros" no puede estar por arriba de la ley.
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Arnoldo Martínez Verdugo fue un hombre central en lo que -visto en perspectiva- fue el inicio de la transición democrática. En algún sentido fue el Santiago Carrillo de México, el que comenzó la construcción de los puentes que permitieron cruzar a la legalidad. Su presencia y convicciones tuvieron muchas pruebas, desde tolerar a una beodo priista en la Comisión Federal Electoral hasta poner los cimientos de la nueva izquierda. Fue un constructor de legalidad del nuevo México. Se merece un homenaje nacional.
