La crisis de seguridad que padece México representa la versión moderna de los conflictos armados: una violencia extrema motivada por intereses económicos y con capacidad de desafiar al propio Estado, afirma Louise Arbour, presidenta de International Crisis Group (ICG).
En entrevista, asegura que México se ha convertido en un laboratorio mundial con enormes implicaciones para la paz global, pues si el Gobierno mexicano es incapaz de superar la actual crisis, menos podrán los Estados débiles de Centroamérica, África Occidental, el Sahel y Afganistán, donde comienzan a registrarse fenómenos similares.
"Históricamente los conflictos iniciaban con una agenda política como fue el caso de Colombia. Pero en México los cárteles no reclaman reemplazar el Gobierno y apoderarse del país, sino están interesados en debilitarlo para operar en completa libertad su empresa criminal", consideró la jurista canadiense.
"La razón por la que estamos interesados en México no es sólo por el tamaño (del problema), sino porque de todos los países que presentan este tipo de conflictos (generados por una agenda económica y no política), es posible que México sea el que comience a encontrar soluciones, porque tiene capacidad de Estado y cierta complejidad. Si no puede México, menos los demás".
Fundada en 1995, reconocida por sus análisis a favor de la solución de conflictos, ICG comenzará a operar en México a partir del 19 de marzo, fecha en la que publicará su primer informe sobre la situación en el país.
Arbour adelanta que la organización desarrollará en México investigaciones permanentes en el terreno sobre temas concretos relacionados a la violencia y las amenazas al funcionamiento de la democracia, con el objetivo de emitir recomendaciones que permitan superar crisis concretas.
Para la antigua fiscal de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, la política de drogas basada en un modelo represivo y el uso del Ejército en tareas policiacas resultó ser la estrategia equivocada para afrontar a los cárteles mexicanos.
"Me reuní con el presidente Calderón cuando acababa de comenzar a usar al Ejército y recuerdo, como Alta Representante de Derechos Humanos, que le dije que si no ponía una cláusula de retirada, de seis semanas, tres meses, no seis años, primero aumentarían los niveles de violencia porque los adversarios se harían de armas más poderosas", dijo.
"Y si usas el Ejército porque piensas que la Policía es corrupta, y lo mantienes por mucho tiempo, van a ser corrompidas. Aun así, continuó diciendo que no, que la situación era distinta porque no venían de la región, se estaban moviendo; y lo que vemos es un aumento permanente de las quejas contra los militares cada año".
Para la especialista, México debe revertir la tendencia de militarizar el sistema de seguridad pública y optar por enfoques a largo plazo.
"Como modelo (el uso de militares) no es la solución a largo plazo. Es necesario un enfoque más preventivo, hay que atacar las raíces sociales, particularmente el reclutamiento de jóvenes. Es una cuestión de educación, empleo, medidas a largo plazo".
Propone además eliminar los tabús y lanzar un diálogo nacional, regional e internacional basado en argumentos científicos y económicos sobre la despenalización de las drogas.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de negociar con miembros de los cárteles bajo un principio de amnistía aseguró que ninguna opción debe ser descartada cuando hay tantas vidas en peligro.
