Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO, fue absuelto por un juez federal que determinó que las declaraciones de un "testigo colaborador" en su contra no eran solamente inverosímiles sino una "fabricación de pruebas". En el sistema judicial mexicano, que primero castiga y después juzga, el exsubprocurador tuvo que pasar cuatro años, cuatro meses y 25 días en la cárcel. El "Usted disculpe" que recibirá, si alguien se acuerda de ofrecerlo, no le compensará los años de cárcel, ni los ingresos perdidos, ni los costos legales de su defensa, ni la mancha a su reputación por la acusación de colaborar con el narcotráfico.
El testimonio principal contra Ramírez Mandujano lo aportó un hombre llamado Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer". Este testigo colaborador afirmó haberse reunido en dos ocasiones con Ramírez Mandujano para acordar la entrega de 450 mil dólares mensuales a cambio de protección al cártel de los Beltrán Leyva. Ramírez Mandujano demostró que no podía haber estado en ninguno de los dos lugares en las fechas y horas que decía el testigo, el cual tampoco pudo describirlo físicamente. Por eso el juez primero de distrito en materia penal de Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, desestimó el testimonio, absolvió al extitular de la SIEDO y pidió a la PGR que empiece una averiguación por fabricación de pruebas.
Jennifer ha sido uno de los testigos protegidos favoritos de la PGR en los últimos años. Aportó el testimonio principal en las acusaciones del "michoacanazo", en que 36 funcionarios y exfuncionarios fueron acusados de colaborar con el narcotráfico y al final quedaron absueltos. También fue el testigo en los casos de los coordinadores regional de la Policía Federal Preventiva Javier Herrera Valles y Víctor Garay Cadena, igualmente absueltos. Es asimismo el testigo en los casos contra el general Tomás Ángeles y otros militares que todavía se encuentran en proceso pese a que la PGR ha señalado que no puede confirmar el testimonio.
No sólo es mala la experiencia con Jennifer sino también con otros testigos protegidos. Gregorio "Greg" Sánchez, expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún) y excandidato a gobierno de Quintana Roo por el PRD, fue absuelto de una acusación por narcotráfico basada en uno de estos testimonios.
Al exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, un testigo protegido lo acusó de haber planeado el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en un par de reuniones en su oficina de gobernador y en el restaurante Las Mañanitas de Cuernavaca; no se dio cuenta de que el homicidio del cardenal fue en 1993 y Carrillo Olea llegó a gobernador en 1994.
Raúl Salinas de Gortari fue acusado de haber mandado matar a su excuñado José Francisco Ruiz Massieu por el testimonio de un testigo, Fernando Rodríguez, al que la PGR le pagó medio millón de dólares; al final fue absuelto, pero tuvo también que pasar varios años en la cárcel, incluyendo un período en la durísima Almoloya.
Los testigos comprados, que es el término más exacto para describirlos, no pueden seguir siendo la base de los casos de la PGR. Una y otra vez se ha demostrado que dicen lo que ordenan quienes les pagan. Una cosa es utilizar un testimonio de éstos como indicio, pero otra muy distinta es que sean la prueba principal o incluso la única a pesar de que las pruebas reales señalen su falsedad.
AHORRADORES
La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional el sistema que permite a los grandes ahorradores, pero no a los pequeños, compensar las retenciones por impuesto sobre la renta sobre intereses reales en su declaración anual. Es una justa decisión. Ahora Hacienda y el Congreso deberían aprovechar la reforma fiscal que se avecina para eliminar un sistema de retenciones que castiga el ahorro y afecta más a quienes menos tienen.
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