La gran mayoría de los inmigrantes detenidos y deportados por el programa Comunidades Seguras en el condado de Miami Dade son personas que no tienen antecedentes criminales y podrían beneficiarse con un permiso legal de permanencia si el Congreso nacional aprueba una reforma integral de inmigración, dijeron el lunes expertos al presentar un informe.
El programa Comunidades Seguras, implementado desde el 2008, prioriza la deportación de extranjeros que han sido convictos por la justicia por haber cometido delitos graves y que representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, y a fugitivos cuya deportación ha sido ordenada por un juez de inmigración.
Se trata de uno de los programas de aplicación del orden público más importantes del país, que aunque entró en vigencia durante el gobierno del presidente George W. Bush ha seguido implementándose, e incluso con más fuerza de acuerdo con algunos activistas, durante la gestión del actual mandatario Barack Obama. Fue diseñado para identificar en las cárceles a los inmigrantes que pueden ser deportados.
En Miami Dade han sido deportados cerca de 4,000 inmigrantes por este programa desde el 2009, de acuerdo con cifras de Americans for Immigrant Justice, un grupo que ofrece asesoramiento legal a inmigrantes del sur de la Florida.
"Mucha de esta gente ha vivido aquí por años, paga impuestos y podría beneficiarse con la residencia legal si se aprueba la reforma migratoria integral", expresó Cheryl Little, directora ejecutiva de esa institución. "No son criminales, son personas que han contribuido mucho a nuestro país", sostuvo en una rueda de prensa que ofreció para dar a conocer un informe sobre el impacto del programa en el sur de la Florida.
Según el estudio, el 61% de las personas deportadas de Miami Dade ha cometido infracciones menores o no es culpable del delito por el que se los arresta.
Sólo el 18% de los deportados representa un alto riesgo para la seguridad pública siguiendo los estándares de las autoridades de inmigración, y la cifra cae al 6% si se aplican los estándares de las autoridades condales.
El estudio "Falsas promesas: El fracaso de Comunidades Seguras en el condado de Miami Dade" es un análisis de documentos de arrestos emitidos por las autoridades de inmigración durante un año y lo que posteriormente sucedió con 1,790 personas detenidas en cárceles locales. Americans for Immigrant Justice obtuvo los documentos a través de la ley de libertad de información.
El análisis, realizado junto al Instituto de Investigaciones sobre Políticas Sociales y Económicas de la Universidad Internacional de la Florida, se completó con entrevistas de personas que fueron afectadas por Comunidades Seguras, y a funcionarios de la ciudad de Miami y del condado Miami Dade.
En la rueda de prensa, los expertos dijeron que en lugar de hacer más seguras las comunidades, el programa implementado por el servicio de inmigración las hace más inseguras.
El programa "está empeorando la seguridad pública", advirtió Carlos Martínez, abogado que labora como defensor público para personas que no pueden costear el pago de un letrado. "Cuando (los inmigrantes) son víctimas de un delito, no quieren ayudar a la policía y no lo denuncian, porque tienen miedo de ser deportados", explicó, tras indicar que con la aplicación del programa la policía puede interrogar a las personas sobre su estatus de residencia en el país.
En el mismo sentido se pronunció Jonathan Fried, de la organización We Count!, que apoya a inmigrantes que trabajan en el sector agrícola del sur de la Florida, al relatar que un señor que había olvidado de encender las luces de su automóvil terminó deportado luego que la policía hizo detener su automóvil y lo interrogó sobre su estatus migratorio.
"¿Quién va a querer reportar un crimen?", se preguntó en voz alta el activista.
El programa "hace que Miami Dade sea menos seguro para todos", aseguró Alex Stepick, director del Instituto de Investigaciones sobre Políticas Sociales y Económicas de la Universidad Intertacional de la Florida.
Indicó asimismo que la aplicación del programa muestra que los porcentajes de centroamericanos y mexicanos deportados son mucho más altos que su porcentaje en la población de la comunidad. Esto, dijo el académico, muestra "un impacto dispar que podría ser resultado de un perfil racial".
De acuerdo con el estudio, casi la mitad del total de los detenidos por Comunidades Seguras en Miami son de origen mexicano, hondureño, nicaragüense, salvadoreño o guatemalteco.
