El mejor balance a botepronto de la propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones entregada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, hay que ubicarlo en el comportamiento de la cotización de las acciones de las empresas involucradas.
Mientras las de América Móvil, la empresa global de telecomunicaciones del magnate Carlos Slim cerró con una caída de 3.31%, las de Televisa bajaban 1.79%. En contraste los papeles de Axtel subían 5.44%, y los de Maxcom 1.28%.
La razón de este último movimiento es simple: En paralelo a la iniciativa presidencial se presentará otra el 13 de marzo, en que se planteará la apertura al 100% al capital extranjero en telefonía fija, cuyo máximo permitido hasta hoy es de 49%.
La posibilidad le abre la puerta a Axtel y Maxcom para integrar a su causa socios mayoritarios extranjeros para competir con más capital y tecnología contra Teléfonos de México.
La propuesta que el zedillismo y el foxismo no habían logrado avanzar en el Congreso ante la exigencia de los legisladores de reciprocidad en naciones como Estados Unidos, se coloca de golpe como parte del Pacto por México.
En paralelo, el principal activo de Teléfonos de México, su red nacional, lo resquebraja la exigencia de crear una red pública de telecomunicaciones al ceder su concesión la Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México… aunque se mantiene la red de fibra óptica, derechos de vía, torres, posterías e instalaciones de la paraestatal.
La nueva red competirá al "tú por tú" con la del magnate, lo que le restará una gran cantidad de ingresos por interconexión.
Más allá, en otro golpe contra Slim, se le otorgan nuevos dientes a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que representa la posibilidad de dejar pálidas multas como la de 11 mil millones de pesos que se le había impuesto a Telcel por reincidencia en prácticas monopólicas relativas.
Ahora que se abre la posibilidad de que se ordene a Telmex y Telcel desincorporar activos frente a su poder de mercado que alcanza 90% y 70% respectivamente.
Del otro lado de la mesa, aunque Televisa enfrentará la competencia de tres nuevas redes nacionales, dos de carácter privado y una pública, se atenuó la exigencia de ofrecer gratuitamente sus canales de televisión abierta a las firmas de televisión restringida, condicionando la posibilidad a que éstas no obtengan ganancias espectaculares.
Naturalmente, en el sí o no podría darse el caso que ninguna cablera fuera acreditable.
Ahora que de acceder el Congreso a la propuesta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, considerará para fines de determinar dominancia a las empresas que tengan más de 50% del mercado, ya por números de usuarios, tráfico en sus redes o la capacidad utilizada en las mismas.
Este órgano es quien otorgará las concesiones para operar la red del espectro radioeléctrico, quitándole la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Entre sus posibilidades está el revocar el título de concesión otorgado a cualquier firma de televisión, radio o servicio de banda ancha, cuando se resista a cumplir resoluciones oficiales contra prácticas monopólicas.
Se diría, pues, que aunque la tabla rasa alcanza a las empresas hegemónicas, la dedicatoria de la reforma apunta con el mayor énfasis al magnate Carlos Slim.
Por lo pronto, el cabildeo en el Congreso será histórico.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a la empresa de telefonía Axtel, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su contra no le representan impacto alguno a sus finanzas, dado que entre 2005 y 2007 le pagó a Telcel y Iusacell por interconexión las tarifas fijadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El problema es que justo lo que resolvió la Suprema Corte es que el órgano se excedió en sus funciones al fijar un costo, cuando las empresas se habían puesto de acuerdo.
Naturalmente, la tarifa de la Cofetel resultó inferior a la que se había pactado, lo que obliga a Axtel a pagar el remanente.
El cálculo habla de mil 500 millones de pesos.
MÁS PARA MEXLUB
La sospecha de que lo pactado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Mexicana de Lubricantes (MexLub) para resolver sus desencuentros fue una farsa de fin de sexenio para favorecer al socio de la paraestatal en la firma productora de aceites y lubricantes automotrices, se refleja en nuevas disposiciones emitidas por la paraestatal.
Según ello, una de las cláusulas del pacto obligaba a desmantelar la exclusividad en la distribución de los productos de la firma que se comercializan, bajo las marcas MexLub y Akron, en la red de gasolinerías de la empresa pública.
Sin embargo, ésta mantiene a medias el privilegio, que por cierto se extinguiría este año, tras 20 de vigencia, al privilegiar la presencia de los productos en los anaqueles.
De acuerdo a una instrucción de Pemex Refinación fechada el siete de noviembre del año pasado, los productos de Mexicana de Lubricantes acapararán el 60% del espacio, dejando el 40% restante al sector de las marcas, "a conveniencia del franquicitario".
TOPE SALARIAL
En lo que va del presente gobierno el máximo alcanzado por los sindicatos en materia de incrementos salariales, vía revisiones contractuales, es de 5%.
El monto se ganó en la revisión del contrato ley de la Industria de Transformación del Hule en Producto Manufacturado; en Compartamos Servicios, antes Banco Compartamos; en las plantas de agua Electropura; en la firma Productores de Leche Pura; en la planta de Hermosillo de Ford Motor Company, y en la planta de General Motors de Silao.
El incremento más bajo, apenas 0.45%, lo dio la empresa Sabritas para sus áreas de occidente y noreste.
MáS CARGOS A NAPOLEóN
De acuerdo a los 14 mil trabajadores disidentes del sindicato minero integrados a la Alianza Minera Nacional, el gobierno debe investigar un desvío, calculado en 125 millones de pesos, que habría realizado el dirigente Napoleón Gómez Urrutia.
El movimiento encabezado por Héctor Jiménez Coronado sostiene que la cantidad se sustrajo entre 2001 y 2012.
La Secretaría del Trabajo acaba de anunciar que va a revisar a fondo el caso.
INVESTIGAN A DRAGON MART
En los próximos días un grupo de legisladores perredistas viajará a Cancún para analizar el caso Dragon Mart, es decir la posibilidad de un colosal centro de exhibición y distribución al mayoreo de productos chinos en la zona, a la que se han opuesto tenazmente organismos empresariales, grupos ecologistas y organizaciones académicas. Los legisladores hablarán con todas las partes.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com