Si el cambio de reglas para construcción de vivienda planteado en febrero pasado por el nuevo gobierno representó la puntilla para las empresas promotoras, la estocada que las llevó a la zona de tablas la había colocado el anterior.
En la recta final del sexenio de Felipe Calderón se ofreció a las firmas la posibilidad de subsidios por 23 mil millones de pesos para apoyar la alternativa de casas de interés social para trabajadores de bajos ingresos… que se quedó en el aire.
De los 8.6 millones de apoyos prometidos por la Comisión Nacional de Vivienda, no se ejercieron ni siquiera cuatro mil. En la expectativa, empresas como Urbi, Sare, Homex y Geo se lanzaron a la compra de terrenos en calidad de reserva territorial, apoyados con créditos bancarios o colocación del papel de deuda, con la novedad de que la mayoría apuntó hacía zonas alejadas de las ciudades.
El caso es que a la llegada del nuevo gobierno se prohibió la construcción de unidades habitacionales alejadas de los centros urbanos y se privilegió a las construcciones verticales, lo que dejó a las promotoras literalmente colgadas en la brocha.
En el escenario, existen 5.6 millones de viviendas abandonadas o desocupadas; tres de las firmas afectadas enfrentan posibilidad del concurso mercantil, por más que se trata sólo de las visibles por cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores; 90 mil trabajadores de la construcción han sido despedidos.
Más aún, está en veremos la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de construir 500 mil viviendas durante este año.
Si durante, el sexenio pasado las promotoras de vivienda representaban el 40% de la construcción en el país, actualmente no llegan al 20.
Y aunque la expectativa está puesta en la cumbre de la construcción promovida por la Cámara del ramo a celebrarse en Mérida los próximos días, se ve difícil que pudiera ventilarse una solución que rompiera el "cuello de botella" que semiparaliza no sólo a vivienderas, sino a la rama en general.
De hecho, el gobierno, es decir la Secretaría de Hacienda, ya contrató a un despacho de abogados para defender sus intereses, es decir los de la Sociedad Hipotecaria Federal, ante la posibilidad de solicitudes de quiebra ordenada. Pero aún, las entidades de promoción de vivienda han satanizado a las vivienderas, ubicándolas como forjadoras de su propia desgracia.
Ahora que los cargos han recaído en políticos cuya mira está muy lejos de la búsqueda de salidas de cara a lo que pareciera inminente catástrofe.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, pareciera importarle más su ambición en ser gobernador de Yucatán.
A su vez, el director general del Infonavit, Alejandro Murat, no descarta ser gobernador de Oaxaca, pese al triste papel realizado por su padre, José Murat.
Se diría que los cargos que en el papel debían recaer sobre técnicos especializados en finanzas, con visión de largo plazo, se lo otorgaron a políticos. Por lo pronto, a seis meses de iniciado el sexenio, no se ha construido un solo conjunto habitacional o desarrollo condominal.
Y por lo pronto, aunque Urbi y Geo han logrado una tregua con sus acreedores, pareciera misión imposible lograr una restructura de deuda sin recurrir al concurso mercantil.
Junto a Homex, las empresas enfrentan ocho demandas de acreedores nacionales y extranjeros, a los que podrían sumarse dos más de Banorte y Banregio, a quienes les deben dos mil 600 millones de pesos.
La gran pregunta, naturalmente, es dónde quedó la bolita de los 23 mil millones de pesos ofrecidos por la retórica del gobierno anterior. ¿Se desviaron olímpicamente? ¿Eran sólo de saliva?
BALANCE GENERAL
Anticipada por Banorte la posibilidad de lanzar una oferta primaria de acciones en México, Nueva York y otros mercados bursátiles del exterior, el anuncio provocó una reacción adversa en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, derrumbándose la cotización de los papeles en circulación hasta 9 %.
La intermediaria había anunciado en la víspera su intención de ampliar al 100% su participación en los negocios de seguros y fianzas del grupo que mantiene en sociedad con la empresa italiana Assicurazioni Generali.
El costo del paquete en poder de éste sería de 875.8 millones de dólares.
En su nueva incursión bursátil, Banorte colocaría un paquete accionario que le permitirá recaudar hasta 3 mil millones de dólares.
Anteriormente el Banco Mercantil del Norte había adquirido, junto con el Seguro Social, a la administradora de fondos para el retiro de Bancomer.
Meses antes había sumado a su causa al grupo financiero IXE.
La expansión, pues, es incontenible.
CONPROCA YA CASI
Cerrado el capítulo de pruebas en el juicio de nulidad planteado por Petróleos Mexicanos frente a la resolución de la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París que le obliga a pagarle 450 millones de dólares más intereses al consorcio Conproca, responsable de la modernización y reconfiguración de la refinería de Cadereyta, la sentencia podría emitirse en las próximas tres semanas.
El argumento de la paraestatal es que los supuestos gastos adicionales por trabajos ajenos al contrato en que incurrió el consorcio integrado por las empresas Siemens y SK, alemana una y coreana otra, no se justifica.
La paraestatal interpuso en Nueva York un juicio paralelo para demostrar que el palomeo de sus funcionarios a
las facturas presentadas por la firma llegaron por coacción, es decir fuertes sobornos.
A la firma del contrato las partes se habían comprometido a aceptar la posibilidad del arbitraje en caso de controversias.
SÍ, PERO POQUITO
El Servicio de Administración Tributaria confirmó a la letra lo que le habíamos adelantado en este espacio: la operación por la que la firma belga-brasileña Anheuser Busch InBev asumió el 50% del capital que le faltaba en el Grupo Modelo, implicará un pago de tributos por siete mil millones de pesos.
La operación significó para la compradora desembolsar 20 mil 100 millones de dólares.La instancia recaudadora la aplicó, pues, un tratamiento laxo a la operación al ser cruzada en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, en la lógica de que sólo se gravarían las acciones que estaban en manos firmes, no las que permanecían en
circulación.
Sin embargo, la tasa aplicable fue de sólo 5%, frente al 30 en lo general para el Impuesto sobre la Renta. De acuerdo al SAT se trata de la tercera operación similar a la que se le impone el tributo, en cuyo caso Banamex, en una operación de 12 mil 500 millones de dólares, se fue en blanco.
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