Colocado en la mesa el Plan Nacional de Infraestructura, a la par de la promesa de la Secretaría de Hacienda de subsanar el subejercicio del gasto público de inversión que provocó la desaceleración económica del país, la Concamín está presionando la descongelación de una iniciativa para modernizar la Ley de Obras Pública.
Turnada a la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados a iniciativa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la propuesta de reformas y Adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fue frenada sin explicación al calce.
La alternativa planteaba una sacudida general al esquema de construcción del gobierno, que equilibre la balanza entre empresas nacionales y extranjeras, con énfasis en españolas; que le dé certeza jurídica a contratantes y contratados; que prevalezca la transparencia y que incentive la construcción de infraestructura, una de las partes que minan la competitividad del país.
La propuesta del organismo encabezado por Luis Zárate plantea desterrar los cuellos de botella que frenan la posibilidad de otorgar y ejecutar los contratos.
De entrada, por ejemplo, se fijan responsabilidades para contratantes y contratados, señalándose sanciones específicas para unos y otros por incumplimiento, y se exigen esquemas que impidan, por ejemplo, la fijación de trajes a la medida para algunos de los participantes en las licitaciones.
En qué casos se pueda asignar un contrato por invitación directa a los participantes; en qué otros se considera que existe un conflicto de interés; en qué marco se puede objetar una licitación…
El documento llega hasta el detalle para aplicar los recursos públicos en tiempo y forma.
Por ejemplo, se incluye el concepto de "Análisis de costo de ciclo de vida", lo que permitiría una pauta para la concesión de obras públicas como carreteras de cuota.
Se incorpora la figura de "Gerencia de Proyectos" como alternativa para centrar en un mando único la obra, de cara a la responsabilidad de frente al contratante.
Se incluye el criterio de "responsabilidad social"; se reduce el tiempo máximo que tiene el gobierno para entregar el anticipo correspondiente, y se abre la posibilidad de estímulos adicionales a los contratantes si las obras se entregan en fechas previas a las previstas.
En afán, además, de evitar conflictos que deriven en costosos y farragosos litigios ante los tribunales internacionales, como ocurrió con la modernización y reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, se abre la posibilidad de modificar costos en contratos a precio alzado, es decir cuando suben notoriamente los precios de las materias primas, o cuando el trazo del proyecto no empata con la realidad. En la misma ruta se plantea la alternativa de solicitar ajustes de costos en el finiquito del contrato.
Las licitaciones se realizarán por medios electrónicos, abriéndose la posibilidad de que un funcionario pueda corregir un fallo equivocado.
En vías de certeza, se plantea regular y homologar las juntas de aclaraciones, además de fijarse criterios específicos por rescisión y terminación de un contrato, reconociéndose la relación entre proveedores y contratistas.
Frente a la posibilidad de conflictos, la propuesta plantea recurrir al concurso de Cámaras y Colegios del ramo, en paralelo a instituciones académicas prestigiadas.
Se trata pues, de caminar sobre piso firme en un escenario en que de acuerdo a la promesa del presidente Enrique Peña Nieto, durante el sexenio el gasto en infraestructura alcanzará cuatro billones de pesos.
No más sospechosismos que frenen la ejecución de contratos o realización de obras públicas que al año presenten grietas.
La promesa de la Cámara Mexicana de la Industria la Construcción en que bajo reglas claras se multiplicaría la contratación de mano de obra, por más que sus socios generan ya 8.4 millones de empleos directos e indirectos.
Una iniciativa ciudadana que hasta hoy ha topado con pared.
BALANCE GENERAL
En la promesa de plantear la propuesta de reforma hacendaria al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso en septiembre, se está presionando la inclusión de una iniciativa para imponer un gravámen de 20% a las bebidas gaseosas conocidas popularmente como refrescos.
La propuesta la planteó hace un año la senadora panista Marcela Torres Peimbert, bajo el argumento de que el Estado reclama recursos frente al grave problema del sobrepeso y la obesidad provocados, entre otras causas, por la ingesta de la bebida.
El 39.08% de la población padece sobrepeso, y el 32.08 obesidad.
El tributo extra se contabilizaría en el marco del Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS).
La posibilidad original la quebró una ofensiva de cabildeo de las firmas afectadas.
En su exposición de motivos, la senadora Torres señalaba que la propuesta surgió de 72 organizaciones ciudadanas.
OTRA DE CHINA
A iniciativa de Altos Hornos de México, la Secretaria de Economía abrió una investigación por supuesto "dumping" o precio inferior al del mercado de origen, contra empresas exportadoras chinas fabricantes de placa de acero en hoja.
La diferencia entre el precio al que se vende el producto en el país y el elaborado localmente es de entre 11 y 18%.
En paralelo, otras empresas extranjeras lo colocan en México entre 28 y 42% más caro que el chino.
De acuerdo a la dependencia, el daño a la industria que se analizará va desde el 2010 hasta diciembre pasado, justo cuando se incrementó notablemente el flujo del producto chino.
La placa de acero se utiliza para fabricar bienes intermedios o de capital, por ejemplo recipientes a presión, plataformas marinas para la industria petrolera, calderas, góndolas para ferrocarril, cuchillas, piezas de maquinaria, implementos agrícolas y tubería soldada.
AEROMéXICO COMO INTERJET
¿Qué tienen en común las líneas aéreas Aeroméxico e Interjet, cuya estructura de negocios es diametralmente distinta? La respuesta es que ambas están lanzando los mismos dados para el crecimiento de su flota.
Mientras una le apuesta al Boeing 787, marca que en los últimos meses ha tenido serios descalabros, la otra centra su expansión en el Superjet 100, que tampoco las tiene todas consigo.
El tipo de nave con capacidad para 93 pasajeros que pretende competir contra los Embrase E-Jet y Bombardier Servies, cuyo costo de operación es entre 10 y 15% menor, ha sufrido algunos incidentes y accidentes.
Un Superjet 100, fabricado por la empresa rusa Sukhol, tuvo un accidente el domingo 21 de junio en el aeropuerto de Islandia de Keflavik, durante un vuelo de certificación.
La nave, de acuerdo a la empresa, tocó tierra sin haber librado el tren de aterrizaje. Interjet planea introducir hasta 30 aviones de este tipo, 20 en un primer lote.
