El Senado mantiene congelada, desde hace siete meses, la reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, con la que se pretende sacar de ese estatus a por lo menos 4 mil directores generales, adjuntos y equivalentes del Gobierno federal.
El dictamen fue aprobado en comisiones e incluso llegó al pleno de la Cámara alta, donde se le dio primera lectura al proyecto.
Sin embargo, el enfrentamiento que generó la posibilidad de sustituir a ese renglón de funcionarios -colocados en posiciones clave por las administraciones panistas-, terminó por frenar la reforma que permitiría al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto eliminar esas plazas o colocar a funcionarios "de confianza".
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, reconoció que la reforma quedó detenida por falta de consenso entre los grupos parlamentarios y aceptó que no existen avances para impulsar los cambios. "Ya estaba en primera lectura, pero no había consenso y se decidió dar prioridad a otras reformas. Por el momento, la reforma no está contemplada para su discusión", expresó.
Se reveló que el Gobierno federal tiene en marcha un proceso de reestructuración que busca adelgazar su aparato burocrático.
La Secretaría de Hacienda prepara una reestructuración que implica eliminar plazas y áreas administrativas innecesarias, así como cancelar y fusionar programas que se duplican. La intención es reducir el gasto corriente, que actualmente asciende a más de 2.5 billones de pesos, equivalentes al 60 por ciento del Presupuesto de Egresos.
Díaz recordó que el nuevo Gobierno priista tiene una Administración "inflada" con un incremento del 30 por ciento en el gasto corriente.
