Adelantada la posibilidad de que la propuesta de reforma hacendaria en puerta desaparezca la figura de consolidación fiscal, los grandes conglomerados están lanzando una ofensiva de cabildeo sin precedente hacia dos frentes: la Secretaría de Hacienda y el Congreso.
La manzana de la discordia es la alternativa de las empresas gigantes, holding les decían en el pasado, de concentrar para efectos de declaración de impuestos las pérdidas y ganancias de sus filiales, abriéndose la opción de solicitar créditos fiscales.
La paradoja del caso es que año con año frente a las colosales ganancias de la mayoría de las subsidiarias de una empresa, hay otra que arrastra colosales números rojos.
El esquema ha resistido durante años uno y otro intentos de derogación, doblando finalmente el gobierno las manos ante las objeciones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Lo más que se ha logrado es abatir el porcentaje de consolidación. Esto se dio en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cortándosele la cabeza al entonces subsecretario de Ingresos de Hacienda, Tomás Ruíz.
La decisión del gobierno de ir contra el privilegio se anunció a la firma del Pacto por México, en cuyo compromiso 72 se anticipa la eliminación de todos los privilegios fiscales, "en particular el régimen de consolidación fiscal".
La colocación en letras de molde de éste provocó una reclamación del presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio Xavier González, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
La última intentona de afectar a empresas gigantes se frustró en 2010. La pretensión hablaba de que los créditos fiscales se cubrieran con una ruta crítica de mediano plazo: 25 por ciento en junio de ese año; otro tanto en 2011; 20 más en el 2015; 18 en 2013 y el 17 restante en 2014.
Aceitada la maquinaria, sorpresivamente la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Ernesto Cordero, publicó una resolución miscelánea que modificó sustancialmente el esquema.
Concretamente se redujo en 81 por ciento el monto a cubrir para ese año, alcanzándose el plazo de finiquito hasta 2016.
En la ruta, durante 2008 el Servicio de Administración Tributaria le entregó un informe al Congreso ante las críticas en que la tributación no era equitativa, en el que se denunciaba que en el ejercicio anterior los 400 grandes corporativos empresariales habían obtenido ingresos para cuatro billones 900 mil pesos… pero habían tributado sólo el equivalente al 1.7 por ciento en promedio.
La dependencia colocaba como responsable al régimen de consolidación fiscal.
El problema para la Secretaría de Hacienda es que en la decisión de eliminar los privilegios fiscales se topará no sólo con las firmas gigantes, sino con toda la gama del organigrama.
Tradicionalmente por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario se ha opuesto a la eliminación de un régimen laxo en materia del Impuesto sobre la Renta a las empresas productoras de alimentos.
Además, en el esquema actual el régimen del Impuesto al Valor Agregado permite tasa cero en alimentos básicos, perecederos y medicinas, insumos y servicios para el sector agrícola.
El tratamiento beneficia a empresas como Bachoco, Maseca, Pilgrims, Tyson, Sabritas, Herdez, Jugos del Valle, Jumex…
En paralelo, están exentos del gravamen servicios de salud, educación, transporte público e intermediación financiera, es decir los afiliados a media docena de Cámaras empresariales.
Y si le seguimos, más de la mitad de la base de causantes del IVA está sujeto a tratamientos especiales, además de implantarse una tasa reducida en las fronteras de 10 por ciento.
Aunque la posición tradicional de las cúpulas empresariales habla de cargarle la mano al consumo, es decir IVA generalizado para alimentos y medicinas, lo que está más abajo es intocable.
El problema para el gobierno, naturalmente, es que sin la posibilidad de quitarle privilegios a los grandes causantes sería más difícil, por más redes de protección que se colocaran, centrar la reforma en los gravámenes al consumo.
Por lo pronto, el jaloneo subterráneo está corriendo a toda velocidad.
BALANCE GENERAL
Como lo había perfilado desde el principio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de Aeroméxico en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica planteado contra la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
De acuerdo al laudo correspondiente, los trabajadores de vuelo que ingresen a la empresa se sujetarán a un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo. En la carambola, su salario será equivalente al 35 por ciento del que perciben los que están en ejercicio, es decir hay una merma del 65.
La percepción, equivalente a 10 mil 553 pesos mensuales, se mantendrá intacta durante… ¡10 años!
Textualmente el documento habla de sueldo "sin mejora ni desarrollo".
En paralelo se amplían las jornadas laborales con la consiguiente reducción de descansos y recesos.
Habría, pues, trabajadores de primera y de segunda.
Aunque existía el precedente de Mexicana de Aviación, cuyo Contrato Colectivo fue modificado también por un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tras un procedimientos similar, la salida no fue tan radical.
Aun así ASSA impugnó éste, logrando un amparo… con la novedad de que en el escenario llegaría la salida de las pistas de la compañía.
En un escueto comunicado Aeroméxico señala que bajo el nuevo marco las condiciones contractuales de los nuevos sobrecargos serán competitivas respecto a las existentes en el mercado laboral.
TOCAN AL "REY DEL COBRE"
En el insólito de la temporada, una empresa de inversiones del Reino Unido está presentando una demanda contra el presidente del Grupo Minero México, Germán Larrea Mota Velasco, a quien se ubica como "rey del cobre".
La acusación habla de incumplimiento de un contrato mercantil. Concretamente se habla de no concretarse a su pago la entrega de acciones de la serie B del Grupo México por 75 millones de dólares.
Según ello el paquete representa el siete por ciento del capital en circulación de la empresa que incluye a las minas Mexicanas de Cananea y Mexicana de Cobre.
El problema es que las acciones que constituyen la manzana de la discordia significan para Larrea el seguir siendo socio mayoritario.
Los valores se cotizan hoy en dos mil millones de dólares.
DEMANDA LA CIRT
Denunciado el supuesto desvío al extranjero de expedientes de concesiones de radio y televisión que estaban bajo custodia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en una maniobra en que se involucra a la universidad de Berkeley, en California, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión analiza la posibilidad de demandar.
La preocupación de la instancia encabezada por Tristán Canales se centra en que los expedientes contienen todos los elementos técnicos, económicos, comerciales y jurídicos de las estaciones de radio y televisión del país.
Información estrictamente confidencial, pues.
El escándalo estalla justo cuando está a punto de extinguirse la Cofetel para dar paso al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
