¿Cómo pasamos de ser una región orgullosa por su tranquilidad aparente a ser la segunda zona urbana con la tasa de homicidios más alta del país, sólo después de Acapulco? Hasta hace apenas 7 años nadie sospechaba los niveles de violencia que podríamos alcanzar en La Laguna. En aquellos días de fines del sexenio de Vicente Fox, los laguneros nos enterábamos a través de los medios de comunicación de los graves problemas de seguridad que padecían los pobladores de estados como Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Sonora, Michoacán y Guerrero. Pero como habríamos de constatar después, sólo era cuestión de tiempo para que la pesadilla nos alcanzara.
La ubicación geográfica de la comarca, la presencia añeja y solapada de grupos dedicados al narcotráfico, la permisividad y apatía social, la marginación de amplios sectores urbanos, la negligencia y/o complicidad de autoridades, la debilidad institucional y la vulnerabilidad de las corporaciones policiacas, propiciaron que pronto la región quedara a merced de las bandas criminales que han protagonizado el peor baño de sangre desde los tiempos de la revolución mexicana: alrededor de 4 mil homicidios dolosos de 2007 a la fecha, de acuerdo con reportes periodísticos.
La situación creció hasta volverse intolerable. En 2012, la Comarca Lagunera registró una tasa de homicidios dolosos de 62.3 por cada 100 mil habitantes, 3.5 veces más que la media nacional, de acuerdo con el último informe de medición de incidencia delictiva del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna. Ese mismo año, la zona metropolitana tuvo el número total de asesinatos más alto en su historia reciente: mil 87 casos, es decir, un promedio de tres diarios. Antes de que la situación de seguridad se pusiera de cabeza, en 2006 en el área conurbada se registró un asesinato cada cinco días en promedio.
Este contraste lleva a políticos, líderes de opinión y ciudadanos en general a manifestar su anhelo de "recuperar la tranquilidad perdida". Es decir, volver a la situación que se tenía antes de que las bandas delincuenciales convirtieran a la región en su campo de batalla. No obstante, este discurso resulta engañoso. La inseguridad que hoy padecemos no se gestó de la noche a la mañana, sino que es producto de todo lo que se dejó de hacer cuando precisamente disfrutábamos de esa "paz" que hoy añoramos. Sociedad y gobierno, en aquel entonces, fuimos incapaces de prever que tarde o temprano la violencia que nos asombraba en otras regiones iba a terminar por golpearnos a nosotros. No estábamos preparados para ese embate. Frente a la indiferencia ciudadana generalizada, los gobernantes y políticos no cumplieron con su trabajo.
Así, las corporaciones policiacas de todos los niveles de gobierno fueron infiltradas; las instituciones rebasadas; la sociedad, sorprendida. Y en vez de plantar cara al problema, durante seis años los gobiernos estatales de Coahuila y Durango y el Federal se desentendieron, repartiéndose culpas entre sí sin lograr construir una estrategia que lograra frenar la espiral de violencia. Los ciudadanos quedaron en manos del hampa. Amplios sectores de la mancha urbana se convirtieron en bastiones y semilleros del crimen. Varias actividades económicas fueron penetradas por la delincuencia. El secuestro, la extorsión, los robos violentos, el cobro de "derecho de piso", las matanzas, los colgados, los descuartizados, los desaparecidos, se convirtieron en la crónica cotidiana de una comarca perdida en el laberinto del minotauro.
Luego de seis años de escalada violenta y media decena de operativos fallidos, el nuevo gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, convierte a La Laguna en su zona de experimentación, algo similar a lo que Ciudad Juárez fue para Felipe Calderón. Se anuncia un nuevo operativo y un nuevo programa de prevención del delito. A simple vista, nada distinto de lo que los secretarios de Gobernación de Calderón vinieron a ofrecer en sus visitas. Habrá qué ver cómo se llevan a la práctica y los alcances que tienen. La diferencia ahora es que en los ayuntamientos de la zona metropolitana, las entidades y en la Federación, gobierna el mismo partido. Más que coordinación, lo que se observa es subordinación. Parece que sólo así pueden funcionar las cosas en este país. El problema es hasta dónde se puede avanzar.
En los primeros meses de 2013 se ha observado una ligera disminución en el número de homicidios. Mientras que en el primer trimestre de 2012 se registraron 220 asesinatos dolosos, en el mismo período, pero del presente año fueron 160. Si bien esto no deja de ser positivo, puede llevar a caer en la tentación de asumir posturas triunfalistas que a la larga sean contraproducentes. No sólo porque, como ya hemos visto, el comportamiento de los homicidios mes con mes suele ser errático, sino, sobre todo, porque la disminución de los índices delictivos deben ser sólo una parte de un objetivo más amplio: construir con instituciones sólidas una sociedad menos vulnerable al crimen para hoy y para mañana. Es iluso pensar que se puede acabar por completo con la delincuencia, pero lo que sí es viable es acotar su margen de acción y su influencia perniciosa. Y eso sólo se logra brindando a todos los miembros de una comunidad la oportunidad de salir adelante de forma honrada. Esto no puede darse mientras existan territorios de exclusión en donde la única ley es la fuerza bruta del hampa. La fórmula ya la tienen los gobiernos: disminución de la pobreza, educación, empleo y combate a la corrupción y a la impunidad. Es cuestión de llevarla a la práctica. No es fácil, claro, pero se tiene que hacer.
Más allá de los esfuerzos de los gobiernos -quienes, no nos engañemos, tienen la mayor responsabilidad en esto-, se encuentra el papel que debe jugar la ciudadanía. Si ésta no exige resultados, no vigila el desempeño de sus representantes y no sube el costo político del fracaso de las administraciones, es muy probable que los gobiernos sigan tropezando con la misma piedra. En este tenor, resulta alentadora la labor de asociaciones civiles, como la mencionada CCI Laguna y Laguneros por la Paz, quienes intentan construir seguridad desde una perspectiva más integral, sobre la base de datos reales, con la participación activa de la ciudadanía y analizando qué fue lo que pasó para que llegásemos a estos niveles, es decir, qué fue lo que se hizo mal o se dejó de hacer.
Ver al futuro no puede ser regresar a la tranquilidad del pasado, como algunos creen. Ver al futuro es, a partir de la experiencia del pasado, construir ahora una comarca más justa, incluyente, próspera y segura. Veamos qué tienen que decir al respecto los candidatos a alcaldes una vez que inicien las campañas.
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